Ojeda realizó pedido de informes por patrullaje con vehículos militares: los puntos claves
El senador colorado pretende conocer cuáles son los objetivos del gobierno con esta medida y cuál es el costo para el Estado.
23.06.2026 18:49
Montevideo Portal
El senador del Partido Colorado Andrés Ojeda realizó este martes un pedido de informes luego de que se conociera que el Ejecutivo utilizará vehículos militares para patrullar en los barrios más peligrosos de Montevideo.
El ministro del Interior, Carlos Negro, lo anunció la semana pasada en el Parlamento. La medida refiere a que la Policía comenzará a patrullar con vehículos del Ejército en los barrios “más complicados” de Montevideo.
Ante esto, el legislador colorado llevó adelante un pedido de informes al Ministerio del Interior, solicitando conocer los detalles de los objetivos del gobierno con la utilización de vehículos del Ejército en patrullajes por barrios de Montevideo afectados por altos índices de criminalidad. Además, pregunta cuáles fueron los criterios técnicos, estadísticos y criminológicos empleados para seleccionar las zonas alcanzadas por la medida, qué indicadores de inseguridad justifican su implementación y cuáles son los resultados concretos que espera obtener el Poder Ejecutivo con esta iniciativa.
El legislador también puso el foco en el funcionamiento operativo del despliegue. En ese sentido, pidió información sobre la cantidad de efectivos que participarán, la distribución entre personal del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, quién ejercerá el mando de los operativos y cuáles serán las tareas específicas de los militares. Asimismo, consulta si los efectivos estarán autorizados a intervenir ante hechos delictivos, si portarán armas, si tendrán facultades de identificación o detención de personas, y qué protocolos de actuación y uso de la fuerza se aplicarán durante los patrullajes.
Por otro lado, Ojeda busca acceder a detalles de los aspectos jurídicos, presupuestales y de control de la medida. Entre otras preguntas, solicita conocer cuántos vehículos militares serán utilizados, cuál será el costo para el Estado, qué partidas financiarán la iniciativa y si se realizaron estudios previos de impacto operativo, jurídico y económico. También pide precisiones sobre el fundamento legal que habilita la participación de militares en tareas de seguridad interior, si fueron consultados organismos como la Fiscalía General de la Nación y la Institución Nacional de Derechos Humanos, y qué mecanismos de control y evaluación prevé el gobierno para medir los resultados de la iniciativa.
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