La jerarquía católica de Perú exhortó a Uruguay a medir las consecuencias de la decisión que tomará sobre el pedido de asilo solicitado por el ex presidente peruano Alan García, quien cumple este jueves cinco días refugiado en la sede diplomática uruguaya en Lima.
"Uruguay debe reflexionar y discernir para después decidir. Medir las consecuencias de su decisión", dijo el monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, durante una conferencia de prensa.
"El que nada debe, nada teme. En este caso, el expresidente García ha demostrado todo lo contrario", agregó el cardenal Pedro Barreto tras cuestionar el refugio.
El ex presidente García (1985-1990 / 2006-2011) permanece en la embajada uruguaya en Lima desde el sábado, donde solicitó refugio después de que la Justicia le prohibiera salir de Perú durante 18 meses mientras se investigan presuntos actos de corrupción ligados a la empresa brasileña Odebrecht.
"La justicia es para todos y nadie debe eludir su responsabilidad frente a la autoridad", resaltó monseñor Cabrejos tras difundir un comunicado de los obispos.
García, líder socialdemócrata de 69 años, alega ser víctima de una "persecución política" en base a una trama dirigida por sus adversarios en supuesta sintonía con fiscales anticorrupción que lo investigan.
El canciller Néstor Popolizio reiteró, por su lado, "que en el Perú no existe persecución política" porque "existe independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público respecto al Poder Ejecutivo".
"Existen las garantías del caso para que (Alan García) se allane a la justicia, siempre se revalora el debido proceso y eso ocurrió con el caso del expresidente", acotó el jefe de la diplomacia peruana.
Perú entregó el martes al embajador de Uruguay en Lima una nota negando las imputaciones de García y señalando que en el país rige el Estado de derecho y la separación de poderes.
Por el caso Odebrecht también están bajo la lupa de la fiscalía peruana de lavado de activos los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
También por el caso Odebrecht, la líder opositora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cumple una prisión preventiva de 36 meses desde el 31 de octubre.
La corrupción tiene para Perú un costo anual superior a poco más de 3.600 millones de dólares, según un informe de la Defensoría del Pueblo de 2017.
(Fuente: AFP)
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