Negro mantuvo sanción de Martinelli a Tuana por crítica a gobierno, pero redujo su tiempo

El ministro del Interior, Carlos Negro, firmó una resolución este miércoles 27 de agosto en la que se definió “no hacer lugar” al pedido de detener la ejecución de la suspensión sin goce de sueldo a “la subcomisaria (Policía Técnica) asistente social Andrea Tuana Nageli” impuesta el 28 de febrero de 2025, en el último día de la gestión a cargo del exministro Nicolás Martinelli, según el documento al que accedió Montevideo Portal.

Además de dirigir la Asociación Civil El Paso, Tuana trabaja en la Dirección Nacional de Sanidad Policial, y, por ese rol, se definió sancionarla ante declaraciones dadas al programa Arriba gente (Canal 10) en 2024 en las que afirmó: “Acá lo que necesitamos son políticas estructurales; necesitamos lo contrario a lo que hizo este gobierno, que fue retirar un montón de proyectos, apoyos y ayudas”.

Estos dichos, de acuerdo con un informe del Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, constituyen “objetivamente” una “crítica y un reproche a la gestión, […] que implica una transgresión a ese artículo 37, literal A, de la Ley Orgánica Policial (19.315)”.

Sin embargo, sí se atendió “parcialmente el recurso de revocación presentado por la funcionaria citada”, lo que implica la reducción del tiempo de suspensión de seis a cuatro meses.

“Franquéase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto para ante el Poder Ejecutivo y elévese a la Presidencia de la República a sus efectos”, agrega la resolución. Esto significa que el presidente Yamandú Orsi podría emitir una resolución distinta a la de Negro, lo que no parece probable.

El abogado de Tuana, Rodrigo Rey, indicó a Montevideo Portal que apelarán la decisión de la cartera ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y que incluso elevarán el caso a un relator interamericano de libertad de expresión la próxima semana.

“Esperábamos una revocación total por la desproporcionalidad del acto que en sí misma era un argumento suficiente para considerar que ejercía desviación de poder y falta de motivación. Porque en realidad lo que perseguía el acto no era asegurar la aplicación del artículo 37 literal A, sino silenciar y sancionar el derecho a la libertad de expresión, que, en materia de denuncias de violaciones de derechos humanos, está especialmente protegido”, enfatizó Rey, en referencia a que los dichos de Tuana fueron en el contexto de situaciones violatorias de derechos de niños usados como moneda de cambio en bocas de venta de droga.

“O sea, si Andrea se hubiera referido a que no le gusta el gobierno por una decisión puntual que no tiene que ver con la violación de derechos humanos, eso sería materia opinable, pero este asunto tiene que ver con la violación de derechos humanos de infancias”, amplió Rey.

Para la defensa de la trabajadora social, se aplicó la máxima sanción a “una conducta insignificante”. “Es una expresión que, además, es interpretable, y que Andrea después aclaró en el correo de sumario a qué se refería”, sumó, y dijo que el de Tuana fue un “discurso descriptivo”.

El artículo por el que se sancionó a la funcionaria establece que “el personal policial tendrá las siguientes prohibiciones: realizar manifestaciones que atenten contra el respeto a los poderes del Estado, sus autoridades o formulen críticas sobre la organización y estructura de la institución, gestión y políticas adoptadas por autoridades”.

Tuana reviste el grado de subcomisaria debido a que trabaja en Sanidad Policial, pero no por haber hecho la carrera de Policía. Entonces, de acuerdo con el abogado de Tuana, el accionar de su defendida “debería ser valorado a la luz de su calidad de funcionaria de Sanidad Policial, que no ejerce el poder de policía”, ya que, “es una norma que está orientada especial al control de la jerarquía dentro de la función policial propiamente dicha, no de la orgánica policial”.

Sobre las consideraciones políticas, Rey se excusó de emitir opiniones y se limitó a aludir al “daño que se provoca como antecedente a la protección constitucional del libre discurso de los militantes sociales”. “Creo que va a haber una reflexión colectiva, que va a ser más interesante de lo que yo puedo decir”, aventuró.