Nada Crece a la Sombra insiste en entrar a cárceles y denuncia contradicciones en Interior

La asociación civil Nada Crece a la Sombra presentó un nuevo recurso legal con el objetivo de revocar la prohibición de ingreso a las cárceles, que dispuso el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a recomendación del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria para las sociedades civiles que no tengan convenios.

Ante la resolución adoptada por el IRN de prohibirle la entrada a las cárceles, Nada Crece a la Sombra planteó que la organización tiene dos convenios vigentes y denuncia contradicciones de las autoridades del Ministerio del Interior.

La ONG asegura que “luego de trascendidos de prensa se recibió una nueva notificación en la que se reconoce la existencia de dos convenios vigentes”, lo que derivó en que la organización presente un primer recurso de revocación para la resolución que le prohibía el ingreso a las cárceles.

Desde la asociación civil se considera, en esta línea, que hubo contradicciones por parte de las autoridades debido a que en primer término se reconoció la existencia de esos convenios, pero luego se negaron.

“En prensa, autoridades del Ministerio del Interior continúan insistiendo en plantear distintas razones que motivaron la decisión tomada. Por medio escrito plantean la inexistencia de convenios. Luego niegan esa versión y sugieren que están ‘revisando los convenios’. Después, el ministro del Interior Luis Alberto Heber proporcionó una nueva versión: ‘El convenio habría suspendido su ejercicio porque habría un informe contrario del INR’”, se afirma en el recurso presentado.  

A su vez, en el escrito se consigna que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, manifestó que resolvió derivar el tema al Consejo de Política Criminal y Penitenciaria “para que le digan que hacer con Nada Crece a la Sombra”, acción que según la ONG fue “arbitraria y sin vista previa como debió corresponder”. En el documento se agrega que el informe fue realizado por la subdirectora Técnica Nacional del INR y presidenta del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, quien “no ha participado nunca de ninguna actividad” ni “ha aplicado ningún instrumento de medición de impacto, entrevistado a participantes o referentes del INR que trabajen con la organización”.  

A su vez, desde Nada Crece a la Sombra se denuncia que el acceso a ese “informe negativo” le ha sido negado desde el INR, en particular por parte del director del Instituto, Luis Mendoza, “a pesar de las múltiples solicitudes que se han hecho del documento”.

La organización también denuncia que no ha obtenido respuesta después de sucesivos pedidos para ser recibida por el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria y cuestiona la “independencia técnica” y la “autonomía” de la presidenta del Consejo.

Según Nada Crece a la Sombra, la asociación civil tiene en vigencia un convenio firmado con el Ministerio del Interior y Presidencia de la República por el cual se recibieron $ 3.620.000 en abril de este año, con el objetivo de brindar talleres en cárceles.

“El pago fue efectuado tras la presentación y aprobación de las rendiciones contables de los pagos anteriores, un informe acerca de la propuesta de trabajo, y una carta aval del director del INR que certifica la intervención. Según el convenio, el Ministerio tiene la obligación de definir las cárceles, permitir el ingreso de los equipos técnicos, y supervisar. En este sentido, señalamos el incumplimiento absoluto actual del Ministerio del Interior”, aseguran desde la ONG.

El otro convenio que Nada Crece a la Sombra sostiene sigue vigente es el de Plan de Salud Sexual y Reproductiva, ya que resta “llevar esta política a 11 cárceles del interior del país, es decir, 30% de las mujeres privadas de libertad”.

Desde la organización se aclara que sobre el plan que pretende “garantizar la atención ginecológica integral a todas las mujeres privadas de libertad” tampoco se ha recibido notificación sobre el cese del convenio.

Finalmente, se sostiene que la medida de prohibir la entrada a las cárceles a Nada Crece a la Sombra fue una decisión del ministro del Interior y del director del INR, en contraposición a lo planteado por la presidenta del Consejo de Política Criminal y Penitenciaría, que recomendó “que las organizaciones que se encuentren con convenio vigente continúen desarrollando sus actividades debiendo una vez aprobado dicho protocolo, regularizar su situación”.