El empresario Martín Mutio, condenado a 15 años de prisión por tráfico de drogas y lavado de activos, presentó una denuncia penal contra la fiscal Mónica Ferrero y tres funcionarios públicos por supuestas irregularidades cometidas durante el proceso judicial que culminó con su condena.
Según el escrito entregado esta semana en la Fiscalía de Delitos Económicos al que accedió Montevideo Portal, el equipo investigador habría incurrido en ocultamiento de pruebas, declaraciones falsas y errores técnicos que, a juicio de la defensa, distorsionaron la interpretación de los hechos y afectaron el fallo.
La denuncia, firmada por los abogados Juan Raúl Williman y Juan Pablo Pisciottano, sostiene que se omitió incorporar documentos clave, como los planos de estiba del buque Grande Benin, que podrían haber servido para demostrar si el contenedor cargado en Uruguay fue o no manipulado en escalas intermedias antes de llegar a Europa. Según Mutio, esa información fue entregada por la empresa naviera Grimaldi Lines, pero nunca llegó al expediente.
Otro de los puntos críticos se centra en cómo se calculó el peso de la carga. La Fiscalía entendió que las diferencias entre el peso del contenedor en Montevideo y el registrado en Europa confirmaban que la droga se cargó en Uruguay. Pero la denuncia sostiene que se aplicaron mal los conceptos técnicos, como “peso neto” y “peso bruto”, lo que habría generado un cálculo erróneo y favorecido la hipótesis acusatoria.
Este viernes, en una conferencia de prensa, Sol, la esposa de Mutio, se refirió al caso y a lo “complejo de denunciar a la Fiscalía en la Fiscalía”.
“Entonces, como mamá, como mujer, pero sobre todo como ser humano y viviendo esto con un dolor que cuesta el día a dia, mi pedido es que al fiscal que le toque llevar adelante la investigación lo haga con conciencia jurídica, con conciencia moral, y con responsabilidad”, dijo.
“Hay una persona condenada a 15 años de cárcel por un delito que no cometió. Martín no es un narcotraficante. Martín es inocente. A veces la verdad es hija del tiempo. Hoy estar acá para mí es difícil, pero creo en las instituciones más allá de las personas”, agregó.
En el escrito presentado, Mutio también rechaza que sus exportaciones anteriores, utilizadas en el juicio como indicio de un modus operandi, puedan considerarse sospechosas. Asegura que los contenedores señalados por la Fiscalía como “abandonados” fueron en realidad revendidos, y que eso se puede comprobar con facturas y testimonios de autoridades europeas.
En particular, cita la declaración del jefe de la Guardia Civil del puerto de Algeciras, quien afirmó en juicio que los contenedores en cuestión fueron enviados a Grecia tras ser adquiridos legalmente por terceros.
Además, se cuestiona el testimonio de tres funcionarios públicos: Raúl Carneiro, Gabriel Marichal y Sergio Díaz. La denuncia afirma que sus declaraciones contenían falsedades y omisiones sobre datos técnicos y logísticos, y acusa a la fiscal Ferrero de haber coordinado el trabajo del equipo sin corregir —e incluso promoviendo— esas irregularidades.
El objetivo de la presentación es que se investigue si existieron delitos como falso testimonio, fraude procesal, abuso de funciones u ocultamiento de documentos públicos.
Mutio, actualmente recluido en la Unidad 25 de máxima seguridad, acompaña su denuncia con registros de las audiencias judiciales, correos electrónicos, documentos de Aduanas y pedidos de nuevas diligencias.
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