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El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, decretó el pago de US$ 11.000 por “daño material e inmaterial” al asesino múltiple Guillermo Antonio Álvarez, el Concheto, luego de que este denunciara al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a sus derechos, tras haber sido condenado a cadena perpetua en 1998.
Esto surgió a raíz de una sentencia de la CIDH del 24 de marzo de 2023 que concluyó que en el juicio oral hubo una vulneración a la presunción de inocencia de Álvarez, quien lideró la llamada Banda de los Chicos Buenos, en el marco de la que asesinó al empresario Bernardo Loutegui para robarle su auto Mercedes Benz. Luego, se lo condenó también por el asesinato del policía Fernando Aguerre y de la joven María Andrea Carballido, de 24 años. Por estos casos, se dispuso la prisión perpetua.
En adición, no se le dio el tiempo suficiente ni los medios adecuados para preparar la defensa a sus abogados, que, de hecho, fueron dispuestos de oficio, sin la posibilidad de que el imputado pudiera contratar a un defensor de confianza.
Por otro lado, durante toda la audiencia condenatoria permaneció esposado, otro elemento que fue cuestionado por la CIDH.
Una vez detenido en 1997, además, “el Concheto” mató a golpes y puñaladas a su compañero de celda, Elvio Aranda, en la cárcel de Caseros.
Tras la sentencia de la CIDH, se dispuso la nulidad del juicio que le dio cadena perpetua a Álvarez; sin embargo, quedaron vigentes sentencias por 25 años de prisión (por el caso Loutegui), 18 años más (por el caso Aranda) y seis meses por un intento de robo en San Telmo.
El pago de la indemnización será con fondos del Tesoro Nacional argentino.
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