Una investigación judicial fue abierta en el departamento de Artigas tras la muerte de un recluso de 49 años de la Unidad 21, ubicada en Pintado Grande, a unos 12 kilómetros de la capital departamental.
El caso llama la atención por la rápida sucesión de hechos: el deceso, el entierro y la exhumación se produjeron el sábado, en menos de 24 horas.
Según informara el medio local Clicregional, la exhumación se llevó a cabo a solicitud de Fiscalía, con el fin de determinar las causas del fallecimiento.
El presidiario había sido internado de urgencia en la noche del viernes, luego de sufrir un aparente accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico en su celda, en el sector A del módulo 1. De acuerdo con el citado informe, el recluso se encontraba con malestares desde hacía varios días y comenzó a sangrar por la boca y la nariz, lo que motivó el pedido de asistencia médica por parte del personal del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Una unidad de emergencia móvil lo trasladó al Hospital de Artigas, aunque el operativo se realizó sin custodia policial, en aparente incumplimiento del protocolo. Además, las autoridades del centro penitenciario no habrían notificado de inmediato a la Fiscalía, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo del caso. Consultado por Clicregional, el Ministerio del Interior informó que no disponía de datos oficiales sobre el hecho.
El recluso falleció en la mañana del sábado y su cuerpo fue entregado a la familia, que realizó un breve velatorio antes de su entierro en el Cementerio Central. Sin embargo, cerca de una hora después del sepelio, la Fiscalía pidió la exhumación del cuerpo para practicarle la autopsia correspondiente.
La medida se adoptó en medio de versiones contrapuestas. Mientras fuentes médicas confirmaron un ACV hemorrágico como causa de muerte, circularon inicialmente rumores sobre un posible ataque con arma blanca, extremo que fue descartado. También circularon versiones sobre una posible sobredosis.
Por otra parte, allegados del fallecido sostienen que el fallecimiento podría estar relacionado con patologías preexistentes, como diabetes e hipertensión, y denuncian que no se le permitía el ingreso de la medicación necesaria.
El INR niega negligencia y confirma la realización de la autopsia
La directora nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, dijo posteriormente al citado medio que el fallecimiento fue inicialmente certificado como “muerte natural” por una hemorragia cerebral.
Asimismo, negó las versiones acerca de falta de atención médica. Según dijo, existen actas que señalan que “cuando pidieron médico, el hombre ya estaba en esas condiciones”, y aclaró que el fallecido no tenía antecedentes de consultas médicas en el centro de salud de la Unidad.
Juanche explicó que, si bien la jueza no había dispuesto una autopsia en un primer momento, la fiscal a cargo del caso la solicitó posteriormente. Según Juanche, la autopsia ya se llevó a cabo y su resultado “seguramente ya esté en manos de Investigaciones”. Con la información surgida de dicha prueba, se aclararán las dudas sobre las causas y circunstancias del deceso.
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