Desde las 6 de la mañana de hoy, la empresa Montevideo Gas está bajo control obrero por parte de sus trabajadores, según contó el dirigente sindical Alejandro Acosta en declaraciones al programa Despertate de una vez, en Radio Carve.

"Esto lo venimos definiendo hace tiempo, y se ha ido postergando por distintas instancias de negociación, y pedidos del Ministerio de Trabajo", expresó Acosta, señalando que la compañía Petrobras, concesionaria del servicio "no se ocupa de la inversión y que desde que tiene la concesión, en el año 2006, se perdieron 7.000 usuarios de gas por cañería y "todos los meses se van docenas o cientos de usuarios".

En las diversas instancias, la empresa se negó a reconsiderar su decisión de enviar al seguro de paro a unos veinte trabajadores. Para Acosta, una reducción de plantilla repercutiría en una pérdida en la calidad del servicio y el abandono por parte de más usuarios, "un círculo vicioso".

"O Petrobras cambia radicalmente o debe retirarse del servicio", afirma el sindicalista, quien destaca que la empresa brasileña no quiere otra cosa que irse y cobrar la indemnización que pretende por parte del estado uruguayo, que sería de 85 millones de dólares. "La empresa va camino del cierre y Petrobras está enfocada en ganar la demanda arbitral que presentó contra el Estado, y no en el servicio", había dicho en declaraciones anteriores.

La medida de control obrero se toma pese a que la Justicia hizo lugar al recurso de amparo que interpuso MontevideoGas-Grupo Petrobras S.A. contra la medida anunciada por los trabajadores. El 12 de abril se dispuso la medida provisional de prohibir las medidas de ocupación y se convocó a las partes a la audiencia que tuvo lugar el martes. Entonces, el sindicato afirmó a través de un comunicado que ejecutaría la medida de todas formas, aunque no determinaba aún la fecha, que acaba de concretarse.

"La resolución judicial no hizo lugar a nuestro petitorio de que se impusiera a Petrobras negociar sobre la base de la propuesta del ministro Murro como vía de salida, sin tener en cuenta, además, que el derecho del servicio público y del trabajo de nuestras familias no puede estar subordinado a una multinacional que persigue perjudicar al Uruguay", argumentaba el comunicado.

Acosta afirma que los obreros son conscientes de que pueden ser desalojados del lugar. Ante tal circunstancia, se procedería a "iniciar una huelga de hambre ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería".