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Habías data

Modificaciones en Habeas Data

En conversación con Montevideo Portal, el abogado y periodista Edison Lanza calificó como “un cóctel letal” las modificaciones realizadas a la Ley de Acceso a la Información Pública en la Rendición de Cuentas. Las modificaciones permiten a reservar información desde el momento en que se piden.

14.08.2013 18:26

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Montevideo Portal

El integrante del Centro de Archivo a la Información Pública, Edison Lanza señaló a Montevideo Portal que el artículo que aprobó el Parlamento es peor que lo enviado desde el Ejecutivo, al tiempo que se le quita todo el poder a la Unidad de Acceso a la Información, encargada de desclasificar información.

Lanza criticó el hecho que se trate “en diez minutos” una ley que afecta a los derechos de las personas y recordó la existencia de compromisos internacionales que obligan a generar un espacio de participación y discusión previo a la modificación de este tipo de leyes.

El periodista señaló que con las modificaciones que se aprobaron se podrán tomar decisiones importantes que afecten al medio ambiente, a la economía o los derechos sociales sin una discusión pública, al tiempo que permite que las empresas públicas no tengan la transparencia adecuada.

“Es un cóctel letal”, expresó Lanza, agregando que la ley anterior ya permitía un mecanismo de excepción cuando la información afectara el poder de competencia de una empresa pero ahora, con una excepción amplísima, puede negarse cualquier tipo de información: “No toda información puede ser reservada, son empresas de todos los uruguayos”, añadió.

La modificación en la Ley de Acceso a la Información, prevista en el artículo 36 de la Rendición de Cuentas modifica el artículo 9 de la ley 18381, señala que “la información podrá clasificarse como reservada, tanto en el momento en que esta se genere, obtenga o modifique, como en el momento en que se reciba una solicitud de acceso”.

”En este último caso, la resolución fundada que disponga la clasificación de la información deberá remitirse en el plazo de cinco días hábiles a la Unidad de Acceso a la Información Pública la que, en ejercicio de su cometido de control, ordenará su desclasificación si la misma no se ajusta a lo dispuesto en el presente artículo”, agrega el texto.

Además, el texto quita poder regulatoria a la UAIP: “ En ningún caso podrá la Unidad de Acceso a la Información Pública ejercer esta facultad de desclasificación con respecto a los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado que presten servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia”.

El proyecto inicial, que era más favorable a la desclasificación fue rechazado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos por considerarlo regresivo, respecto a lo logrado cuando se aprobó la ley de Acceso a la Información Pública.

Esta previsto que un conjunto de organizaciones internacionales, como la Fundacion Pro Acceso (Chile), Transparencia por Colombia (Colombia), Fundamedios (Ecuador), Transparencia Venezuela (Venezuela), Espacio Público (Venezuela), ANP (Bolivia), Alianza Regional por la Libre Expresión e Información Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) (El Salvador) e Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX (Costa Rica) y la mexicana Fundar, denuncien esta situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El artículo fue aprobado este miércoles en el Parlamento por 49 en 70 legisladores presentes.

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