Ministra Muñoz satisfecha con acuerdo alcanzado con docentes

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, mostró su satisfacción por el acuerdo salarial alcanzado con el sector de la enseñanza, que protagonizó varios paros parciales y totales a lo largo del año para reclamar mejoras en sus condiciones laborales.

"Culminamos un año difícil donde todas las partes tuvieron dificultades y desentendidos pero en el que logramos, por fin, iniciar un buen camino para que la educación pública sea de calidad", dijo la ministra acerca del convenio firmado con la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay (Anep).

Preguntada acerca de los puntos claves del convenio -que entrará en vigor el 1 de enero de 2016 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2017-, Muñoz destacó que el acuerdo de salarios alcanzado no es ni el que los docentes querían ni el que el Gobierno deseaba, pero que es el "mayor posible".

Según el texto oficial, se establece el objetivo de que la remuneración mensual nominal mínima de los "funcionarios docentes" de grado uno -el más bajo- llegue en 2020 hasta los 25.000 pesos (unos 828 dólares) por una jornada de 20 horas semanales, de la que quedan excluidas las que el docente realiza más allá de la misma, por ejemplo, corrigiendo exámenes.

Asimismo, se mantiene la variación entre grados correspondiente a la escala salarial.

En cuanto a los funcionarios no docentes de menor grado del sistema educativo, el convenio estipula que su salario mensual nominal mínimo se eleve en 2020 hasta llegar a los 23.455 pesos (alrededor de 777 dólares) por una jornada de 40 horas semanales, manteniendo la variación de la remuneración entre grados.

El texto oficial del acuerdo señala que el "Poder Ejecutivo deja expresado en este convenio su buena fe en relación a acompañar la continuidad de los aumentos salariales posteriores" al 31 de diciembre de 2017, pero indica que eso "dependerá de la evolución macroeconómica" del país.

Además, según explicó Muñoz a periodistas durante un acto en Montevideo, también se eliminan los "topes salariales" para los cargos directivos en educación, algo que, en su opinión, era una circunstancia que desmotivaba a los docentes para llegar a esos puestos.

Por otro lado, entre las reivindicaciones de los sindicatos de la enseñanza, que a lo largo de 2015 han protagonizado numerosos paros -totales y parciales- y protestas, se encontraba, además de los reclamos salariales, que el país destinase un 6 % de su producto interior bruto (PIB) a la educación pública.

En este sentido, el acuerdo entre los sindicatos docentes y el Gobierno incluye una "cláusula de paz" que implica que no puede haber paros por reclamos salariales, "tanto en el sector público como en el privado", hasta que acabe la vigencia del convenio, dado que las remuneraciones "están pautadas" hasta finales de 2017, dijo Muñoz.

A pesar de ello, puede haber paros por otras circunstancias y en caso de que haya desentendidos por materias salariales se han establecido diversos mecanismos de diálogo entre las partes.

De hecho, debido a la continuidad de paros y protestas en 2015, el Gobierno llegó a decretar la "esencialidad" de la educación para obligar el restablecimiento de las clases, una medida basada en un concepto de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que limita el derecho de huelga a determinados servicios considerados esenciales a la vida y a la salubridad.

Uno de los sectores educativos que no ha suscrito el acuerdo es el de la Universidad del Trabajo de Uruguay (UTU), con el cual el Gobierno ha fijado como fecha límite para alcanzar un entendimiento el 30 de abril de 2016.

En caso de que no lleguen a concretarse las negociaciones que encabeza el Ministerio de Trabajo con la UTU, "desgraciadamente", perderán los privilegios contemplados en los acuerdos suscritos por los otros sindicatos, dijo la ministra.

Actualmente, alrededor de 60.000 personas -según estimaciones de Muñoz- trabajan en el sector educativo de Uruguay.

(Fuente: EFE)