Miles de personas provenientes de distintos estados de México marcharon este jueves hacia el Zócalo capitalino en defensa de las peleas de gallos, una práctica que aseguran forma parte del “arraigo cultural” del país. La movilización ocurre tras la reciente aprobación de “corridas de toros sin sangre” en la Ciudad de México, mientras crecen las voces que exigen también la prohibición de la “actividad gallística”.
Los manifestantes, criadores de aves de pelea, demandaron que se reconozca el papel económico, identitario y rural que representa esta práctica. Argumentan que afecta a más de dos millones de personas en empleos directos e indirectos, y que su arraigo en zonas rurales contrasta con la mirada urbana que busca su erradicación.
“Para hacer una verdadera consulta, hay que ir a los pueblos”, expresó Francisco Baluarte, criador del Estado de México, quien denunció una visión centralista en la toma de decisiones. Según él, “el gallo nace para pelear”, y no es inducido al combate, sino que responde a su genética.
La marcha también sirvió para visibilizar la posición de los criadores frente al creciente debate nacional sobre el maltrato animal y los derechos de los animales. Mario Delgadillo, otro participante, insistió en que “no hacemos maltrato” y solicitó que la crianza y combate de gallos se reconozcan como patrimonio cultural inmaterial.
Actualmente, cinco estados —Hidalgo, Aguascalientes, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas— ya han otorgado ese estatus legal a las peleas de gallos. En contrapartida, Veracruz y Quintana Roo las han prohibido en años recientes. La decisión del Congreso capitalino de no incluirlas en la reforma que limitó las corridas de toros refleja la tensión entre la tradición y la modernización legal.
Debate regional y más allá
La discusión en México refleja un dilema que se extiende a otros países de América Latina, donde prácticas como las peleas de gallos, la tauromaquia o ciertos rodeos están protegidos por tradiciones populares, pero enfrentan cuestionamientos cada vez más firmes desde los movimientos animalistas, que exigen su abolición por considerarlas crueles e innecesarias.
El desafío político y cultural radica en conciliar el respeto a tradiciones rurales con los avances en derechos animales y bienestar, evitando un enfoque punitivo que profundice la fractura entre campo y ciudad.
Con información de EFE