Este miércoles 20 de mayo debería haberse realizado en Virginia la audiencia preliminar sobre Sebastián Marset, en la que se evaluaría el estado del proceso judicial en su contra. Sin embargo, tras un acuerdo entre las partes acusatorias y el narcotraficante uruguayo a través de sus abogados, la instancia se llevará a cabo el próximo 1° de julio.
Mientras el narco uruguayo negocia con Estados Unidos, el Ministerio de Justicia de Paraguay informó que pudo “detectar” un ataque a Miguel Ángel Insafrán, conocido como Tío Rico. Se trata del principal socio de Marset en tierras paraguayas.
“Los sistemas de control y seguridad penitenciaria funcionaron de manera eficaz, permitiendo detectar, verificar y neutralizar preventivamente la situación conforme a los protocolos establecidos”, dice un comunicado del Ministerio de Justicia de Paraguay.
Ante el intento de ataque, la cartera informó que “dispuso la inmediata activación de medidas preventivas de seguridad, incluyendo una requisa exhaustiva efectuada en fecha 13 de mayo, así como el traslado de Personas Privadas de Libertad (PPL) al centro penitenciario Martín Mendoza de Emboscada”.
Además, el Ministerio de Justicia afirmó que “la situación se encuentra plenamente controlada, que los mecanismos de seguridad han respondido de manera efectiva y que las actividades en el establecimiento penitenciario de Minga Guazú se desarrollan con absoluta normalidad”.
Tal como informáramos, Marset enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para el lavado de activos y dinero. Su celular fue incautado semanas atrás; se encontraba dentro de una caja fuerte y fue enviado a Estados Unidos para ser peritado. Ese dispositivo podría ser parte del material que integran los 22 GB de evidencias que la Fiscalía dice haber reunido.
El fiscal federal adjunto Anthony Aminoff indicó que esos 22 GB contienen “una gran cantidad de pruebas y material de descubrimiento que incluye comunicaciones interceptadas en idiomas extranjeros, evidencia obtenida de países extranjeros mediante tratados de asistencia legal mutua, y decenas de miles de páginas de registros financieros”, que en algunos casos fueron solicitados a Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.
En cada instancia previa, tanto la defensa como la propia Fiscalía solicitaron más tiempo, argumentando necesidades de preparación y negociación. A comienzos de abril, el fiscal que investiga el caso volvió a pedir una prórroga para la audiencia preliminar, por lo que la nueva fecha quedó fijada para este 20 de mayo.
El escenario que se abre tiene grandes consecuencias para el narco uruguayo: si acepta el acuerdo de culpabilidad que la Fiscalía ya presentó formalmente, deberá colaborar con información a cambio de una reducción de condena. Si lo rechaza y opta por ir a juicio, se expone a la pena máxima: 20 años de prisión, seguidos de tres años de libertad condicional supervisada, más una posible multa que podría superar los U$S 500.000.