A mediados de 2019, el diputado Pablo Abdala anunció que convocaría a la entonces ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi al Parlamento, luego del fallecimiento de dos personas por hipotermia. Abdala exigió la aplicación de la ley 18.787, cuyo artículo único dispone la internación compulsiva para personas "que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte".
Por entonces, Mayra Aldama, responsable de la Dirección Nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración del Mides, dijo a Montevideo Portal que la internación compulsiva no es definida por el MIDES sino por la Justicia, en base a un informe forense elaborado por dos psiquiatras que acompañan a sus cuadrillas. Según la jerarca, la internación se pide solamente cuando la persona "no está pudiendo tomar una decisión".
Además, se encuentra vigente la Ley de Faltas 19.120, que en su artículo 368 dispone: "El que fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución de la República, ocupare espacios públicos acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de prestación de trabajo comunitario, si habiendo sido intimado 2 (dos) veces de que desista de su actitud, por parte de la autoridad municipal o policial correspondiente, persiste en la misma. Siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al Juez competente".
Ahora, con nuevas autoridades, el Mides se dispone a aplicar ambas leyes para retirar a personas en situación de calle, según informa hoy el semanario Búsqueda.
El semanario asegura que las nuevas autoridades de la cartera entienden que se debe retirar a la gente de la vía pública aplicando la mencionada Ley Nº 19.120.
Ahora, la postura del Mides y del gobierno está alineada con la del Ministerio del Interior, ya que una de las primeras órdenes que recibió la Policía es ordenar la situación de indigencia en la vía pública, señala Búsqueda. La aplicación de una política estricta en este aspecto fue conversado y acordada por el ministro Jorge Larrañaga y el titular del Mides, Pablo Bartol.
Así lo dijo en enero el propio Larrañaga, resaltando que "la situación de personas en situación de calle no es un derecho" y que "hay faltas en el sistema jurídico del país que perfectamente se pueden aplicar".
Bartol dijo a Búsqueda que también analiza la posibilidad de aplicar la internación compulsiva de las personas que están en la calle y se niegan a concurrir a un refugio (por lo menos en el caso de quienes tienen problemas de salud mental o adicciones).
En una línea similar, en julio de 2019 la Vertiente Artiguista (FA) anunció un proyecto que prevé la prohibición de dormir en la calle y que las personas sean obligadas a alojarse en casas de familiares o conocidos o, en todo caso, dirigirse a refugios, los cuales estarán abiertos durante 24 horas si se aprueba el proyecto.