Menos trámites y “más previsibilidad”: estudio jurídico sobre la Ley de Competitividad

El estudio jurídico Bragard publicó un informe en el que analiza el proyecto de Ley de Competitividad e Innovación presentado por el gobierno y concluye que la iniciativa incorpora una serie de modificaciones destinadas a simplificar trámites, reducir cargas administrativas y mejorar la competitividad de las empresas.

El documento repasa los principales cambios incluidos en el proyecto, que el Poder Ejecutivo presentó como una de sus principales reformas económicas para facilitar la actividad empresarial y reducir costos regulatorios.

Entre las medidas destacadas figura la simplificación de diversos procedimientos administrativos y la incorporación del principio de “silencio positivo” por el cual, en determinados casos, la falta de respuesta de la administración pública dentro de los plazos previstos implicará la aprobación automática de un trámite.

El informe también resalta las modificaciones previstas en materia de defensa de la competencia, que buscan fortalecer el funcionamiento de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y otorgarle mayores herramientas para investigar prácticas anticompetitivas y controlar concentraciones económicas.

Otro de los aspectos analizados refiere a la modernización de los regímenes de promoción de inversiones y zonas francas, así como a cambios vinculados al comercio exterior y la digitalización de distintos procedimientos administrativos. En este sentido, el estudio apunta a la reducción de la “carga administrativa” y la aceleración de otros trámites como principales beneficios.

En materia sanitaria, Bragard destaca la creación de un régimen de habilitación provisoria para empresas elaboradoras e importadoras de productos de salud. Según el proyecto, una vez presentada la documentación requerida, la autoridad sanitaria tendrá un plazo máximo de 30 días para expedirse, permitiendo mientras tanto iniciar los trámites de registro de productos. Además, las habilitaciones pasarán a tener una vigencia de diez años.

El estudio también subraya que la iniciativa amplía las competencias de la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay (AViSU), cuyos dictámenes técnicos pasarán a tener carácter vinculante.

En el capítulo industrial, el informe señala que el proyecto flexibiliza algunos regímenes regulatorios y elimina el Registro de Empresas Fabricantes de Bebidas, al entender que representaba una carga administrativa innecesaria para el desarrollo de esa actividad.

Según Bragard, en conjunto las modificaciones apuntan a generar un marco regulatorio “más ágil, eficiente y previsible” para la actividad económica, aunque advierte que buena parte de su alcance dependerá de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo una vez aprobada la ley.