Menor iba a declarar contra Penadés, pero no se anima porque el exsenador sabe dónde vive

Hasta el momento, la Fiscalía logró que seis víctimas menores de edad se presentaran ante la Justicia para declarar en contra del exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, acusado de explotación sexual. Todos los denunciantes que hoy siguen siendo menores de 18 eligieron que su identidad permanezca reservada y por eso prestaron testimonio bajo la modalidad de cámara Gesell. 

Para el Ministerio Público era vital que los jóvenes fueran a la Justicia a contar su verdad, sobre todo porque de lo contrario la causa perdería fuerza dado que en materia de delitos sexuales el testimonio de las víctimas es más importante que en otras investigaciones judiciales. 

Días antes de que Penadés fuera imputado por 22 delitos y se dispusiera su prisión preventiva por 180 días, tanto para él como para el exdocente de Historia Sebastián Mauvezín, otros dos menores de edad se presentaron ante la Fiscalía tras asegurar que conocían al acusado y que también fueron víctimas de episodios de explotación sexual. 

En uno de los casos, según supo Montevideo Portal, el joven aún no ha prestado declaración por un tema de “tiempos”, aunque la fiscal Alicia Ghione seguirá insistiendo para que se sume a la causa como denunciante. 

En el otro caso se trata de un joven de 17 años que conoció a Penadés cuando era aún más chico. Esta situación es un poco más compleja y hay dos aspectos que juegan un rol clave: presuntas amenazas y el temor a que se tomen represalias tras declarar ante la jueza Marcela Vargas. 

El informante aclaró a Montevideo Portal que, luego de que se supiera de que Penadés había accedido a un flujograma con información proporcionada por policías del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en el grupo de víctimas se creó un ambiente de “mucho temor”. 

Más allá de la información a la que accedieron Penadés y su exabogado, Javier Vega, el joven ha argumentado a su núcleo íntimo que tiene temor porque las veces en las que pactó encuentros con el exlegislador, este lo llevó en su auto frente a su casa.

Bajo la teoría de un razonamiento lineal, Penadés no podría acceder nuevamente a información sobre los denunciantes, porque el exdirector del Comcar Carlos Taroco está en prisión preventiva, así como los otros dos efectivos que lo ayudaron en la búsqueda de datos. No obstante, la fuente explicó que las víctimas “son como un cristalito”, y que cualquier cosa “que las pueda llegar a afectar, las termina afectando”. 

Posibles amenazas 

La otra razón que impide al joven presentar el reclamo formal ante la Justicia es que ha notado “algunos movimientos raros” durante los últimos meses, sobre todo luego de que hizo saber su situación. 

Si bien no hay ningún hecho concreto que se pueda catalogar como una amenaza directa, sí en frente a su hogar se han parado autos que no suelen estacionar allí. También en sus redes sociales ha recibido solicitudes de seguimiento de personas que no conoce, algo que antes no le pasaba. 

Al igual que el resto de las víctimas, el joven proviene de un contexto social humilde y vive en un barrio de Montevideo. La fuente aclaró que el hombre no conoce al resto de los denunciantes y su caso llegó a la Fiscalía luego de que la investigación se hiciera pública. 

Una estratega 

Fue el pasado 28 de marzo que la militante del Partido Nacional y primera denunciante, Romina Celeste, hizo pública la situación en contra de Penadés. Desde que el proceso judicial comenzó, Ghione tenía dos caminos: pedir la imputación del entonces senador con pocos elementos o esperar a avanzar y dejar este paso para lo último. 

La segunda alternativa fue la que eligió la fiscal, pese a que los estándares que pide la Justicia para formalizar una investigación son relativamente bajos. Básicamente la normativa indica que se deben tener “elementos objetivos suficientes” de la existencia del delito y participación del imputado. 

Dicho en otras palabras, la Justicia podría haber imputado mucho antes a Penadés, pero el equipo fiscal prefirió esperar para asegurarse de que la mayoría de las víctimas declararan ante la Justicia, que llegara la mayoría de las pericias y que la información en su contra fuera abundante. 

Ahora, Ghione tiene un plazo de 180 días para bajar todos los elementos de la imputación a una prueba de juicio. Si bien puede pasar que sobre algunas víctimas tenga menos información objetiva que otros, la Justicia hará la valoración sobre el cúmulo de pruebas presentadas.