Memorias de las 'primeras líneas': el nuevo Gobierno y la libertad de los presos políticos

Por Angelina de los Santos | @angelinadlsh

Cuatro millones de personas tomaron las calles de Chile en octubre de 2019. Llevaban pancartas con las más diversas consignas porque se sabían explotadas en los más diversos sentidos. Tenían una necesidad transversal: el cambio. Dos años y medio después, bajo un nuevo Gobierno y en la antesala de plebiscitar una nueva Constitución, las víctimas del estallido social reclaman mayores medidas de reparación y la liberación de las personas que fueron encarceladas durante las revueltas. A su entender, presos políticos*.

Desde el 18 de octubre de 2019, y por cinco meses, todos los días (todos los días) a las cinco de la tarde llegaban carabineros, militares y policías a plaza Dignidad, ahí donde termina Santiago Centro y empieza Providencia. Hubiera una decena, cientos o miles de personas manifestándose, haciendo barricadas o colgando guirnaldas a la estatua del general Manuel Baquedano, ellos se posicionaban en las esquinas de las calles con acceso principal a la plaza y se formaban en hilera con escudos delante. 

Por aire y suelo tiraban gases lacrimógenos y pimienta. Mientras, con guanacos —los carros blindados que disparan agua, generalmente con químicos— apuntaban a los escombros en las calles. Impactaban como balas en las personas que hacían frente a las fuerzas represivas. Después, los guanacos apuntaban a sus cuerpos.

A estas personas, que se enfrentaron directamente a carabineros, militares y policías para que las manifestaciones pudieran existir, y las, los y les manifestantes pudieran circular y ocupar la plaza Dignidad en Santiago de Chile, se las llamó la primera línea. En la jerga militar, se llama así a los soldados que van al frente.

Una de las mujeres que formó parte de la primera línea fue La Solidaria, una actriz y directora de teatro chilena que eligió ese nombre para el personaje que interpreta cuando toma las calles en protesta. Ella habla de la poética del riesgo y dice que, quienes estaban en lucha, querían sacudir la modorra de las personas que tenían miedo a perder sus privilegios. "Hay que desmecanizar el miedo de perder lo cotidiano, el confort. Con todo movimiento social, lo primero que hay que fracturar (...) es ese miedo a perder la conformidad que entumece", comenta. 

Para sacudir a la élite del confort, ella y cientos más se organizaron para protestar. La Solidaria era parte del bloque de choque, formado por quienes utilizaban su cuerpo como primera arma de autodefensa ante la represión. Eran personas en buena condición física que vestían completamente de negro y cubrían tatuajes o cualquier distintivo que les pudiera identificar. Llevaban pañuelos empapados en agua con bicarbonato, filtros de gas para respirar, antiparras herméticas, cascos y escudos. Entremedio se armaba la línea de 'matapacos', que se encargaba de encandilar a los carabineros con láseres y andaban con guantes y mochilas cargadas de piedras, molotovs, fuegos artificiales y bombas de tintas de colores. 

Enseguida después aparecía el 'escuadrón matalacris', que acarreaba bidones con agua donde metían las bombas para apagarlas o las lanzaban de vuelta a los carabineros. Un poco más atrás, estaban la segunda y tercera línea: las personas que repartían agua con bicarbonato para contrarrestar el efecto de los gases que enceguecen, asfixian, dan arcadas. Y, entremezcladas, las que marchaban, bailaban, tocaban el tambor, repartían sopaipillas y empanadas, y gritaban pidiendo la renuncia del en ese entonces presidente, Sebastián Piñera (2018 al 2022 y, antes, entre 2010 y 2014). 

Por detrás de alguna casilla de venta de periódicos o kiosquito, también hubo alguna que otra señora mayor que sacó una máscara de gas del carrito de feria que llevaba (quizá, mientras iba rumbo al mercado), para colocárselo ante el avance de los guanacos y carros lanza gases (zorrinos). Y, otras, que desde el portal de su casa daban ánimo, ofrecían agua, comida y refugio a quienes lo necesitaran. Incluso, hubo algunas que cedieron parte de su casa para asentar mini campamentos de primeros auxilios.

Foto: EFE - Alberto Valdés (archivo) - protesta en Santiago de Chile en febrero de 2020

Lecciones sobre dignidad

La plaza Dignidad es el epicentro de las manifestaciones populares chilenas y, sus alrededores, testimonio del estallido social. Durante la revuelta, la estación de metro que está ahí se convirtió en una galería de arte callejero. Aunque también se la conoce como plaza Italia, el nombre oficial de la plaza es Baquedano. Se llama así porque ese es el apellido del general Manuel que, en 1883, dejó a Bolivia sin salida al mar, pero a Chile con más territorio. 

La resistencia ciudadana que ponía el cuerpo en plaza Dignidad sabía que los viernes, el día en que las manifestaciones eran masivas, se complicaba para sobrevivir a la represión: las ambulancias no entraban. Desde el 15 de noviembre de 2019, sólo hubo atención médica voluntaria y centros de atención improvisados en algunos portales. Ese día murió Abel Acuña Leal, luego de sufrir un paro cardíaco a consecuencia de los gases. El muchacho de 29 años fue atendido a tiempo, pero mientras intentaban reanimarlo, Carabineros disparó bombas lacrimógenas, el guanaco y perdigones contra la ambulancia. 

Así como Abel, en el país hubo otras 33 personas que murieron en las manifestaciones, a causa de los gases, por balas perdidas, enfrentamientos con otros ciudadanos, o cuyos cuerpos se encontraron en lugares siniestrados. Según fuentes oficiales, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos seis de estas personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas.

Entre octubre de 2019 y marzo de 2020, hubo más de 4.000 personas heridas. Una de ellas, le compañere** de La Solidaria que, uno de los días álgidos de protesta y enfrentamiento con las fuerzas represivas, fue heride en una pierna. Ella sufrió el impacto de un perdigón en la cabeza. Llevaba casco y zafó, pero le quedó el susto: se dio cuenta de que había francotiradores. Decidieron no volver al bloque de choque mientras sanaban. 

Las primeras líneas sabían que la muerte no iba a ser el último de sus problemas y no adoptaban una actitud mesiánica; más que salvadoras son las que a veces usaban trajes de superheroínas para burlarse de quienes querían imponerles miedo. En palabras del Doctor en Sociología chileno Juan Pablo Paredes, son los que "han sido definidos como sujetos heroicos por parte de sectores de la ciudadanía". También por los otros manifestantes: "el ser parte de otras líneas ha generado un orgullo muy fuerte que se ha traspasado a nivel colectivo en forma de dignidad", comentó una primera línea que prefirió no ser nombrada. 

Durante las protestas también hubo más de 460 personas que perdieron uno o ambos ojos y más de 2.000 detenidos, según el INDH. El organismo presentó 2.349 querellas, 93% contra Carabineros, 4% contra el Ejército y 2% contra la Policía de Investigaciones (PDI). 

Sin embargo, organizaciones sociales como la Agrupación Mujeres por Justicia y Contra la Impunidad, la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y varias otras, aseguran que hay muchísimos casos más. No confían en la INDH y denuncian que, además de generar registros que subrepresentan la dimensión del conflicto, han desestimado casos de violaciones a los derechos humanos a lo largo y ancho del país. Sobre este punto, la arqueóloga chilena Nicole Fuenzalida —que integra colectivos ligados a la memoria, como el Centro de Estudios Arqueológicos e Históricos Aikén y la Corporación Memoria Borgoño— señaló que "en el papel, la INDH funciona como un organismo autónomo, no obstante, el director [Sergio Micco Aguayo] viene del Partido Demócrata Cristiano, en consecuencia tiene un tono mucho más conservador y ha sido siempre una tranca en relación a avanzar en estas materias".

Las organizaciones sociales también señalan que la INDH ha tenido posicionamientos que van en contra de sus reclamos, como el que adoptó en mayo de 2022, cuando desestimó demandar al Estado chileno por delitos de lesa humanidad. En un comunicado, aseguró que no había indicios de que haya promovido o alentado activamente la violación a los derechos humanos en el contexto de la revuelta.

Foto: EFE - Alberto Valdés (archivo) - manifestantes convocados el último viernes del 2019 en Santiago de Chile

A prisión por protestar

"Recuerdo pasar por las calles donde empezaban las protestas y me daban ganas de llorar. Me estremecía porque estaban las fotos de las personas asesinadas por la policía, el tema de las mutilaciones… Mucho trabajo de artistas en las calles en relación a eso. Se veía todo destrozado, todo como un campo de batalla, entonces recuerdo haber sentido que estaba en Serbia, algo así, en un país en guerra. Y yo que jamás pensé que iba a vivir algo así".

La que habla y recuerda es Verónica Ríos, una chilena que emigró a Uruguay y durante la revuelta volvió a su país de origen porque su hermano menor, Nicolás, que vivía en Santiago con el resto de su familia, fue secuestrado por las fuerzas represivas. 

El 10 de enero de 2020, Nicolás Ríos estaba en el cerro Santa Lucía, a pocas cuadras de las manifestaciones masivas en el corazón de Santiago, cuando fue golpeado y detenido de forma irregular por Carabineros vestidos de civil. La agresión fue filmada por transeúntes que le pedían que gritara su nombre. El video, donde se ve a Ríos con 20 años y el rostro ensangrentado mientras lo subían a la fuerza a una camioneta, se viralizó. Gracias a eso, su hermana cree que pudieron dar con su paradero. 

Ríos fue acusado de lanzar una bomba molotov y encarcelado con prisión preventiva. En junio le otorgaron prisión domiciliaria y, en febrero de 2022, le cambiaron la medida cautelar a firma mensual. Aún espera el juicio, asegura que es inocente y señala que la única prueba que había era un video donde aparecía una persona imposible de identificar lanzando una bomba molotov que cae al piso.

Colectivos de familiares como la Agrupación Mujeres por Justicia y Contra la Impunidad —de la que forma parte la mamá de Nicolás, Verónica Verdugo—, luchan a favor de la liberación de las personas encarceladas durante las manifestaciones. Son 211, según Carabineros. 

Tales son los casos de Francisco Hernández, de 22 años, y Cristian Cayupan Queipul, de 29 años, que esperan lograr su libertad del Centro Penitenciario de Colina 1. Hernández es considerado el primer preso político de la revuelta. Fue condenado a cinco años por arrojar bombas molotov al personal policial y sus vehículos. Según la prensa local, los jueces lo sentenciaron apoyados "en una variedad de imágenes de Carabineros, pero sin imágenes que muestren el contexto y versión de los hechos". Él y su familia aseguran que es inocente, y se apoyan en que no encontraron rastros de hidrocarburos en los guantes que utilizaba. 

Cayupan Queipul fue imputado por el delito de homicidio frustrado por atropellar a una funcionaria de la PDI y condenado a 15 años de presión. Según cuenta él mismo en una carta pública, "el día de los hechos yo manejaba mi vehículo y, al querer salir de una balacera cruzada que empezó la PDI, sin poder evitarlo, atropellé a una funcionaria. Ella recibe un impacto de bala de su propio compañero y yo recibo otro impacto de bala que me dejó sin un riñón, parte del bazo e hígado".

En 2022 el sistema penal chileno aún tramita casos de manifestantes detenidos de forma irregular, torturados, y a los que se les implantó evidencia falsa —como pueden ser los de Ríos, Hernández y Cayupan Queipul—; algunos que se han resuelto terminaron con carabineros condenados.

El Gobierno de Gabriel Boric, que asumió en marzo, prometió retirar las 139 querellas contra manifestantes denunciados por el Estado y enviar al Parlamento un proyecto de Indulto General para las personas encarceladas. Sin embargo, las organizaciones sociales advierten que el Gobierno no ha levantado las demandas y que no las representa el proyecto alternativo de indulto conmutativo que está negociando con legisladores de derecha que no están dispuestos a apoyar la iniciativa. 

Mientras Ríos, Hernández y Cayupan Queipul esperan a que termine su calvario penal, el ministro Secretario General de la Presidencia Giorgio Jackson aseguró que el Gobierno entiende que en Chile no hay presos políticos. Lo mismo advirtió Joel Hernández, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien explicó que no han detectado que haya "personas detenidas por el mero hecho de participar en la protesta". Ambas declaraciones fueron repudiadas por las organizaciones sociales.

Foto: EFE / EPA / Alberto Valdés (archivo) - marcha en Santiago para conmemorar un año desde que estallaron en Chile las revueltas contra el Gobierno y la desigualdad económica

Las medidas de reparación de Boric

El Gobierno también dejó plasmada la idea de que no existen presos políticos en la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación para violaciones a los derechos humanos cometidas en el estallido social, donde no los mencionó. 

"Uno esperaba más. Lamentablemente, si es que no se avanza en una justicia para estos jóvenes presos políticos, tampoco estaría funcionando esta Agenda", comentó Fuenzalida. Desde las calles, La Solidaria opinó que "lo primero que despierta en todas nosotras, nosotres que estamos ahí o estuvimos presencialmente durante todo el proceso y ahora también manifestándonos para conseguir que se cambie el veredicto de las personas que fueron injustamente encarceladas y de todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura y democracia, la verdad es que el escenario no es optimista. La Agenda parece una propuesta de nombre más que de práctica". 

La Agenda, presentada a finales de mayo, sí incluye una serie de medidas "en materias de verdad, fortaleciendo los organismos públicos encargados de la investigación y sanción ante este tipo de actos", como la reformulación de programas de salud a las víctimas de violación de derechos humanos y aumento a las pensiones de gracia.

El Gobierno también anunció una Mesa de Reparación Integral, en la cual participarán las víctimas del estallido social y sus familias para diseñar las medidas reparatorias. La Mesa es coordinada por la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, y Fabiola Campillai, que durante las revueltas perdió un ojo por el impacto de un perdigón de Carabineros y hoy, como senadora por la Región Metropolitana, milita por la libertad de los presos políticos de la revuelta. 

"Me parece que es un avance en términos de reconocer, en algún sentido, que ha habido violaciones a los derechos humanos en el proceso de estallido social", apuntó la socióloga María Virginia Rojas Quiroga, investigadora en memoria y derechos humanos, académica de la Universidad del Bio Bio Chillán y parte de la organización social Hijas e Hijos del exilio Chile. "Es un gran avance, además, por el aspecto simbólico de incorporar a Campillai en esta mesa interministerial, lo encuentro bastante razonable", agregó.

Foto: EFE/Alberto Valdés (archivo)

Fuera de la Agenda también quedaron las garantías de no repetición. Las expertas consultadas señalan que, tras el estallido, recobró fuerza una demanda social de antaño: la necesidad de reformar las fuerzas represivas —principalmente a Carabineros—, enquistadas en las estructuras dictatoriales propuestas por Augusto Pinochet (1973-1990). 

Pocos días después del lanzamiento de la Agenda, Boric realizó su primera cuenta pública, donde contrario a lo que se esperaba, anunció una nueva inversión económica, de recursos humanos y de infraestructura para Carabineros. El presidente aseguró que pronto presentará un proyecto de Ley para crear un Ministerio de Seguridad Pública, Protección Civil y Convivencia Ciudadana y, vagamente, se refirió a la reforma de la Policía que, según afirmó, se trata de "mejorar la seguridad del país y renovar una institución que cumple un rol fundamental para el Estado". Boric sí pidió al Congreso avanzar en una norma que restrinja en un 100% el porte de armas.

En este contexto, la Agenda "queda como a título muy rimbombante con enfoque en derechos humanos. Queda como un esbozo y la verdad es que una esperaba mayor contundencia en relación a una efectiva política que se dirija a este desarme de estructuras de continuidad de la violencia que están ancladas en la institución de Carabineros", opinó Fuenzalida. 

Mientras, las revueltas "han seguido en las calles, las fuerzas militares siguen levantando manifestantes", comentó La Solidaria y recordó que también siguen los enfrentamientos con las fuerzas represivas, y las muertes a causa de la violencia. En los últimos meses ha resonado el caso de Francisca Sandoval, una periodista de 29 años que murió al recibir un impacto de bala de un civil armado, mientras cubría las manifestaciones del 1 de mayo. "Pareciera que no hubiéramos salido de la revuelta del todo", concluyó La Solidaria.

*Muchas de las agrupaciones de familiares y organizaciones sociales que trabajan para lograr la liberación de las personas encarceladas durante la revuelta hablan de "presxs"; en esta nota no se adoptó el uso de lenguaje inclusivo por decisión editorial del medio.

**La Solidaria se refiere a su pareja utilizando pronombres no binarios como "le".