Memoria en Libertad: “Hay víctimas del terrorismo de Estado aún sin reconocer ni reparar”

El colectivo Memoria en Libertad emitió un comunicado en respuesta a la aprobación en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado del proyecto sobre reparación a víctimas de guerrillas en los años 60 y 70, presentado a iniciativa de Cabildo Abierto.

“Le recordamos al Estado uruguayo que hay víctimas directas del territorio de Estado, durante el período 1968-1985, aún sin reconocer ni reparar, a pesar de que hace más de tres años la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) recomendó al Estado su reparación y a pesar de contar con tres recomendaciones de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), indicando lo mismo”, expresa el comunicado.

“Personas que éramos niñas, niños y adolescentes, y sufrimos vulneración de nuestros derechos por parte de este mismo Estado que mira hacia el costado haciendo oídos sordos en su responsabilidad”, agrega el colectivo.

Apuntan que, al día de hoy, son miles las personas que “siendo niñas, niños y adolescentes”, sufrieron vulneraciones del Estado y que buscan un reconocimiento y una reparación, “a más de 50 años de cometidos aquellos hechos aberrantes” cometidos contra ellos.

“Es falso lo que afirman legisladores del oficialismo, que las víctimas de terrorismo de Estado están todas reparadas”, señalan.

En el comunicado, recuerdan las resoluciones de diversos órganos que indican al Estado uruguayo “la necesidad” de resarcir a los daminificados de ese período.

En primer lugar, señalan la resolución 751/2019 de la Inddhh que recomendó al Estado “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, que incluya un pedido de disculpas por parte del Estado uruguayo a las personas que siendo niñas, niños y adolescentes durante el período de facto, sufrieron graves vulneraciones a los derechos humanos por el accionar ilegítimo de agentes del Estado, reconociéndose asimismo que son víctimas directas del Terrorismo de Estado”.

También señalan la decisión del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, tomada en 2022, que recuerda al Estado “su obligación” de “garantizar a las víctimas de tortura, una reparación y el derecho a una indemnización justo y adecuada”.

“El Estado parte debe: A) Velar por que todas las víctimas de torturas y malos tratos cometidos en territorios bajo su jurisdicción obtengan una reparación que incluya el derecho a una indemnización justa y adecuada exigible ante los tribunales, medidas de restitución y 11 satisfacción, así como los medios para una rehabilitación lo más completa posible, y medidas de no repetición; B) Compilar de manera sistemática la información relativa a medidas de reparación otorgadas por los tribunales nacionales a víctimas de torturas y malos tratos y respecto de la ejecución de dichas medidas”, indica la resolución citada.

Citan además la declaración del Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas de la ONU —resuelta durante su visita en julio de 2022 al país—, que expresó su preocupación por las leyes de reparaciones existentes en el país que “no incluyen a niños, niñas y adolescentes como víctimas directas de violaciones a derechos humanos durante el período 1968-1985.

“Al respecto, el Grupo de Trabajo insta a que se dé cabal cumplimiento a la resolución N° 751 del 6 de agosto de 2019 del INDDHH”, apunta esa resolución.

Por último, el comunicado de Memoria en Libertad cita al Comité de los Derechos Humanos de la ONU que el 27 de Julio de 2022 resolvió que “se haga efectivo el derecho a la reparación integral de todas las víctimas, incluyendo los familiares de las víctimas”.