Por Tomás Gebelin
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La implementación de un sistema de fiscalización vehicular a través de una matrícula digital está cada vez más cerca de transformarse en realidad. La propuesta cuenta con el visto bueno de los actores involucrados y se estima que en los próximos meses se llevará a cabo el proceso de licitación para la instalación del sistema.
El proyecto consiste en la colocación de dispositivos electrónicos (TAGs) en los vehículos para mejorar la seguridad vial y la eficiencia en la gestión, facilitando los trámites y fortaleciendo el combate contra el uso de transportes particulares en hechos ilícitos, las matrículas clonadas y las placas ilegibles.
Esta transformación también permitirá, en el futuro, automatizar los controles en calles, rutas y peajes, integrando los sistemas de fiscalización de las intendencias, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio del Interior y otros organismos vinculados a la seguridad vial.
El director de Asuntos Vehiculares del Congreso de Intendentes y coordinador del Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive), César García, fue el principal promotor de la idea inicial. Destacó el “impulso” mayor que tuvo el tema luego de la comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, el pasado 27 de marzo, quien dijo que le parecía una iniciativa “interesante” en cuanto a la seguridad pública, concretamente para poder controlar de manera más eficiente la circulación irregular de motos.
El jerarca comentó que es “probable” que el control se realice a través de los TAGs que ya existen: los utilizados para el Telepeaje. Según los últimos datos recolectados por Sucive, más del 60% del parque automotor cuenta en la actualidad con esta modalidad de pago instalada.
García explicó que, a partir de que se aplique la matrícula digital, los autos cero kilómetro ya tendrían incorporado el TAG, además de la libreta de propiedad y la chapa, y las motos tendrán uno de estos dispositivos “indestructibles” colocado en el chasis.
“Va a permitir un control en línea de todo el sistema, que le va a habilitar a la Policía y a las intendencias acceder a la información de quiénes son los titulares y los que circulan con el vehículo. El que está en la informalidad y está en la mala, es a quien tienen que ir a buscar”, detalló en diálogo con Montevideo Portal.
“Esto te aliviana el proceso indagatorio en el territorio. En vez de parar 150 motos y trancarle la vida a todo el mundo, vas a ir a buscar únicamente a los que están en infracción”, añadió.
En cuanto a la modalidad de control del uso del TAG, García argumentó que “se puede hacer por varias vías”. “Puede ser con los arcos en los peajes, pistolas móviles que enfocan un haz de luz y encuentran el tag o los propios celulares, que se le agrega una linterna y te sirve de captor”, ejemplificó.
El Congreso de Intendentes aprobó a principios de abril un documento en el que le ordena al consorcio Ciemsa/CSI Ingenieros, empresas que presentaron un proyecto similar en 2022, a realizar un estudio de viabilidad que debe estar pronto para el próximo 31 de mayo.
El coordinador de Sucive destacó que el proyecto “ya está andando” y que el plan a realizar por el consorcio será presentado ante la comisión encargada de la redacción del pliego y las condiciones del proyecto. Se estima que entre los meses de junio y julio se pueda realizar la nueva licitación.
¿En qué consistía la iniciativa privada inicial?
Ciemsa y CSI Ingenieros presentaron un proyecto en octubre de 2022 orientado a la creación de un sistema automatizado para monitorear en tiempo real el estado de los vehículos que circulan en rutas y ciudades, y así detectar irregularidades como matrículas falsas, patentes vencidas o vehículos con deudas impagas.
Según detalla el documento, al que accedió Montevideo Portal, en ese momento el consorcio calculó una inversión inicial aproximada de US$ 2.600.000, destinada a la compra de equipos, licencias de software y adecuación de infraestructuras, además de una estimación de US$ 732.000 de operación y mantenimiento del sistema.
También se trazó un eventual esquema de recuperación de la inversión por parte del operador privado, que estaría basado en pagos anuales de aproximadamente US$ 1.500.000 durante 10 años, acordados mediante contrato de concesión.
Proyecto de ley sobre circulación de vehículos sin matrícula
El pasado 8 de abril, el diputado por el Partido Nacional Pedro Jisdonian presentó un proyecto de ley para incorporar un nuevo numeral al artículo 365 del Código Penal para imponer sanciones más severas a aquellos conductores que circulen con la matrícula ilegible, adulterada o sin ella.
En su exposición de motivos, el representante afirmó que “en los últimos tiempos se ha identificado un creciente número de conductores de vehículos motorizados que tapan sus patentes traseras (que son las que se fotografían) o retocan algún número”.
“Con estas prácticas, lo que el infractor pretende es evadir los controles que tanto los gobiernos departamentales como Policía Caminera realizan y no ser identificados cuando al pasar un radar se toma una fotografía y así evadir la multa correspondiente”, detalló.
Debido a esto, Jisdonian entiende que es de “suma importancia” que se tipifique esta inconducta con el fin de “desalentar estas prácticas, que resultan a la postre peligrosas e injustas para el ciudadano prudente que circula en forma legal”.
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