Más del 70% de las denuncias por faltas se archivan, según datos de Fiscalía

Vandalizar el ornato o los espacios públicos, arrojar basura, el acoso callejero, o la negativa de auxiliar a la autoridad no son delitos en Uruguay, pero sí, desde 2013 “faltas” y, para estos actos, hay sanciones, como el trabajo comunitario.

Eso establece la Ley de Faltas que, según denuncia el diputado colorado Mauricio Viera (Vamos Uruguay), hoy, 12 años después de su promulgación, no se cumple en su cabalidad.

La ley define la falta como un acto de menor gravedad que un delito, con el objetivo de proteger la vida, la integridad y el orden público. Las sanciones se cumplen bajo la supervisión de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, y el incumplimiento de la pena de trabajo comunitario puede derivar en arresto. 

“Hoy muchas causas menores quedan sin sanción porque los fiscales, por falta de tiempo o recursos, no concurren. No podemos permitir que delitos menores terminen archivados por un cuello de botella procesal. Con esta herramienta, el sistema gana agilidad y los responsables, sanción”, señaló el diputado a Montevideo Portal.

Para defender esta visión citó datos proporcionados por el Ministerio Público, que indican que “más del 70% de las denuncias por faltas terminan archivadas por el Principio de Oportunidad”. “No porque sean irrelevantes socialmente, sino porque la Fiscalía no dispone de tiempo ni personal para asistir a audiencias de faltas”, agregó Viera.

“Cada denuncia implica horas de trabajo de policías y funcionarios administrativos: toma de declaraciones, actas, pruebas. Todo esto se pierde cuando el caso se archiva y genera impunidad sistemática en faltas penales, desprestigio institucional e inseguridad subjetiva, es decir, la percepción de que las pequeñas infracciones no importan”, expresó.

La solución que esgrime el legislador es una iniciativa que modifica el texto original para habilitar a los fiscales a participar por escrito cuando no puedan asistir a las audiencias; algo que hoy no está permitido.

Así, la propuesta legislativa permite a los fiscales a responder por escrito a las citaciones judiciales, con su opinión sobre la responsabilidad del indagado y, si lo consideran culpable, con la sugerencia de la pena correspondiente.

“El Ministerio del Interior hace su trabajo, el juez también pero no se puede terminar con el proceso de las audiencias por la ausencia comprensiva del fiscal, dado que hasta el momento tiene que comparecer presencialmente y ahí está el problema que tratamos de resolver”, resumió Viera.