El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que avanza tras recibir el respaldo formal de los gobiernos de los Veintisiete, cierra un ciclo histórico de más de 25 años de negociaciones. Se trata de la creación de la mayor zona de libre comercio del planeta, con una población conjunta de aproximadamente 780 millones de personas y cerca del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) global.
Este viernes, el Consejo de la UE dio luz verde a la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur —bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia—, tras un consenso alcanzado previamente entre los embajadores permanentes de los Estados miembros.
Separados por más de 10.000 kilómetros, ambos bloques han mantenido relaciones estrechas desde hace décadas, pero las negociaciones comerciales para liberalizar el intercambio de bienes y servicios han estado marcadas por largos estancamientos.
Más de dos décadas de avances, retrocesos y vetos
El proceso comenzó formalmente en 1999, aunque sus antecedentes se remontan a 1995, cuando la UE y Mercosur firmaron en Madrid el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación, considerado pionero por establecer lazos entre dos uniones aduaneras. A partir de entonces, se sucedieron casi una treintena de rondas negociadoras.
Uno de los hitos clave ocurrió el 28 de junio de 2019, cuando ambas partes lograron en Buenos Aires un preacuerdo de libre comercio tras dos décadas de diálogo. Sin embargo, la ratificación se vio bloqueada por el veto de países europeos como Francia e Italia, principalmente por preocupaciones ambientales, agrícolas y de acceso a mercados.
Finalmente, el 6 de diciembre de 2024, se alcanzó el acuerdo definitivo en Montevideo, aunque aún quedaba pendiente la ratificación formal por parte de todos los países involucrados.
Concesiones para destrabar el acuerdo
En los últimos meses, la UE realizó una serie de concesiones para apaciguar el descontento de sectores agrícolas europeos, especialmente en países como Francia, Italia y Bélgica. Entre ellas se incluyen garantías para productos sensibles como carne, arroz, miel y etanol; mayores controles sobre pesticidas prohibidos en Europa; una flexibilización en el mecanismo de ajuste de carbono en frontera respecto a fertilizantes; y un aumento de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) para compensar a los productores.
También se estableció un mecanismo de salvaguardia que permite reimponer aranceles si se detecta un aumento abrupto de importaciones a precios significativamente bajos, con el objetivo de proteger a los productores europeos.
En base a EFE
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