Mario Bergara firmó carta contra Daniel Ortega: “Régimen dictatorial y dinástico”

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, firmó una declaración internacional que exige el fin del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, el cese de la persecución política y la restauración de las libertades democráticas en ese país.

“Quienes suscribimos esta declaración llamamos a partidos y liderazgos políticos, movimientos sociales, organizaciones sindicales, intelectuales y gobiernos a rechazar el régimen dictatorial y dinástico de Ortega y Murillo; a exigir la liberación de todas las personas presas por razones políticas, el restablecimiento de las libertades públicas y los derechos ciudadanos, y la creación de las condiciones necesarias para que las y los nicaragüenses puedan organizarse, expresarse y decidir libremente su futuro”, dice el documento encabezado por el expresidente chileno Gabriel Boric.

En otro punto, la declaración califica al gobierno nicaragüense como “un poder familiar y autoritario” que “no representa los principios de una izquierda democrática”.

El texto apela directamente a las fuerzas de izquierda y progresistas de la región. “Las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda de América Latina y del mundo tienen una responsabilidad particular frente a esta realidad. Las banderas de Sandino y de la Revolución Sandinista no pueden utilizarse para justificar aquello contra lo que generaciones de nicaragüenses lucharon: la concentración del poder en una familia, la subordinación de las instituciones y la persecución política”, señala la declaración.  

“No pedimos que nadie decida por Nicaragua. Pedimos precisamente lo contrario, que sea el pueblo nicaragüense quien decida su futuro”, dice.

La declaración advierte también que las últimas reformas constitucionales profundizaron la concentración del poder.

“La historia posterior del FSLN se fue alejando progresivamente de los principios que inspiraron la Revolución Sandinista. A través de acuerdos entre élites políticas corruptas, reformas electorales y una progresiva subordinación de las instituciones del Estado al control partidario, se fueron debilitando los contrapesos democráticos. Daniel Ortega regresó a la presidencia en 2007 y, rápidamente, las instituciones electorales, judiciales y políticas fueron perdiendo su independencia, mientras las condiciones para una competencia política libre y plural se reducían”, agrega el texto.

La carta apunta a que “la represión ha transformado profundamente la vida cotidiana de Nicaragua”. “La persecución alcanza al pueblo en su totalidad, a estudiantes, periodistas, artistas, sacerdotes y líderes religiosos, defensores de derechos humanos, empresarios, dirigentes políticos y sociales, así como a ciudadanos sin militancia política. Más de 450 nicaragüenses han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad y de sus derechos ciudadanos, mientras otros miles enfrentan restricciones de facto dentro y fuera del país”, dice.

Los firmantes también cuestionan el uso de la noción de soberanía como argumento para no cuestionar al régimen. “La soberanía no puede reducirse a la soberanía del Estado frente al exterior. También implica la soberanía de la ciudadanía frente al poder”, indica el documento.

“Defender los derechos humanos y la democracia en Nicaragua no significa habilitar injerencias militares, económicas o políticas de potencias extranjeras. La autodeterminación pertenece al pueblo nicaragüense. Democracia, soberanía y derechos humanos son inseparables. Recuperar la autodeterminación significa recuperar tanto las libertades públicas, como las elecciones libres y la capacidad de la sociedad nicaragüense para organizarse, expresarse, disentir, participar y construir colectivamente su futuro”, agrega.