Mariana Mota asumió en la Inddhh y mencionó “desafíos pendientes” de Uruguay

La jueza Mariana Mota asumió este jueves su cargo en el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).

En un acto realizado en el Palacio Legislativo, que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y otros dirigentes políticos, la magistrada brindó un discurso.

“Las convenciones sobre derechos humanos reposan exclusivamente en la buena voluntad de los estados, para que fronteras adentro se respete lo firmado frente a otras naciones”, dijo en referencia a acuerdos internacionales en la materia.

“Aun cuando se han constituido cortes internacionales y se han establecido mecanismos de relevamiento periódico de la situación de los derechos humanos en cada país, si al final de todos esos procesos un Estado decide no aceptar las recomendaciones o invoca normas de derecho interno para eludirlas o alega su soberanía como excusa para no ajustar su actuación a lo que dice una convención, nada puede hacerse”, sostuvo.

En ese sentido, Mota expresó que “quienes siempre sufrirán las consecuencias de esa actitud estatal son las personas”.

Por ello, destacó lo “importante” que es el hecho de que “exista y se sostenga un amplio respaldo internacional de estas normas, pero también que vaya más allá de ese respaldo declarado y se verifiquen acciones efectivas para el cumplimiento y de protección, aceptando las observaciones de los relatores internacionales o acatando sentencias dictadas por cortes internacionales”.

También manifestó que “solo con una comunidad internacional que demuestra un amplio y unánime reconocimiento y protección de los derechos y libertades fundamentales es que se podrá garantizar que todas las personas serán respetadas en su dignidad”.

La jueza acotó igualmente que en la práctica esa actitud “no es unánime ni constante” y por eso se buscan “mecanismos para que los estados cumplan efectivamente con sus obligaciones”, como las instituciones nacionales de derechos humanos. Asimismo, abogó por promover la “participación social” en el organismo, para la “elaboración de propuestas”.

“La situación de los derechos humanos en Uruguay tiene desafíos pendientes”, puntualizó Mota, y ejemplificó varios casos: “Niños, niñas y adolescentes pobres”; “personas privadas de libertad”; “mujeres víctimas de violencia de género”; “afrodescendientes”; “personas con discapacidad”; “personas con distintas orientaciones sexuales”; “personas en situación de calle”; “uso indiscriminado de los recursos naturales, en contra del derecho de la naturaleza a desarrollar sus ciclos”; y “personas detenidas desaparecidas, donde se sigue violando el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la memoria”.

“Toda demora solo profundiza las vulneraciones”, concluyó.

Tras las palabras de la jueza, Cosse felicitó su “excelente exposición” y dijo que “no es un discurso”, sino “la consecuencia natural de una vida de capacidad, de lucha y de compromiso que no es solo de ella”. Recordó que la Inddhh depende del Poder Legislativo y expresó que “los derechos humanos son abrazados por todo el Parlamento”.

La designación de Mota para la Inddhh fue aprobada en la Asamblea General a mediados de mes, con los votos de la bancada del Frente Amplio, parte del Partido Colorado y el diputado independiente Gerardo Sotelo.

Mota estuvo a cargo de decenas de casos de delitos ocurridos en la dictadura cívico-militar (1973-1985) y fue quien, por ejemplo, dictó la sentencia que condenó a Juan María Bordaberry en 2010.