La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, junto a otra cantidad de organizaciones sociales, emitió un comunicado este lunes en el que “rechaza y denuncia” los pronunciamientos que se hicieron desde el sistema político que a su entender violentan la ley y convierten a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en un “reparto de cargos”, asignando políticas según la afinidad con el gobierno o la oposición.

“Esto representa un nuevo ataque a la Institución, donde pierden los de siempre, los más vulnerables, los más vulnerados, por la acción o la omisión del Estado”, señala el comunicado

Con respecto a la ley, la organización señala que es clara y no admite otra interpretación, en el sentido de que quienes podrán proponer postulantes son las organizaciones sociales habilitadas a participar en las Asambleas Nacionales de Derechos Humanos y que el Parlamento decide en función de esas propuestas, controlando que se cumplan algunas características, por ejemplo, que se traten de personas de alta autoridad moral y con experiencia versación en materia de derechos humanos.

“El parlamento uruguayo votó por unanimidad la ley 18.446 que crea la Institución. Desde entonces ha significado un enorme enriquecimiento de la institucionalidad democrática”, asegura el texto.

“La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo defiende y protege, controlando a todos los poderes y organismos del Estado, lo que contribuye a garantizar que las personas no se vean vulneradas en sus derechos. Promueve informando, sensibilizando, educando en derechos humanos y también colaborando con el Estado para la adopción de buenas prácticas. Funciona con autonomía y no puede recibir instrucciones ni ordenes de ninguna autoridad”, agrega.

Finalmente, los colectivos de organizaciones con derecho a proponer postulaciones entienden que es necesario mencionar otros criterios además de los previstos y que, tras diez años de experiencia, debería ser necesario considerarlos para “ponderar las propuestas”.

Madres y Familiares expresan que los candidatos deben estar “comprometidos” en la “continuidad de la institucionalidad”, en particular, en lo que hace a la defensa de la “autonomía, competencias, facultades y cometidos” de la INDDHH. Asimismo, señalan que la continuidad en la experiencia de gestión es importante la “permanencia de integrantes del actual consejo directivo como recomienda la ley”.

“El respeto de los derechos humanos cuya defensa, protección y promoción se le encarga en su rol de Director de la INDDHH debe manifestarse tanto en su trayectoria y actividad pública como en el ámbito privado. No es admisible que hayan participado o apoyado actos o expresiones de violencia, discriminación o exclusión de ninguna naturaleza”, reza la misiva.

“Por lo mismo, no pueden representar ideológicamente, desde sus dichos y prácticas, en ninguna circunstancia, en ningún tiempo, la defensa del terrorismo de Estado”, añaden, al tiempo que opinan que es necesaria la capacidad de “diálogo y negociación” para el “relacionamiento con los representantes del Estado” al que deben “controlar”, con la sociedad civil organizada y no organizada, y con los funcionarios de la INDDHH.

“Capacidad y disposición para el trabajo en equipo, indispensable tratándose de un órgano colectivo que proponga una gestión democrática y transparente. Actitud de respeto en relación con el rol que corresponde a las organizaciones sociales en las temáticas que abordan y los territorios donde intervienen, y compromiso de una mayor articulación con las mismas, superando la lógica de convocatorias puntuales. Como órgano colectivo, debe integrar un adecuado balance de formación, experiencia y sensibilidad en la diversidad temática que comprende esta tarea, con suficiente conocimiento de la realidad social del país, compromiso con un acceso efectivo a la Institución para todas las personas en todo el país”, concluyen.