Madre denuncia que club del BPS impidió ingreso a vestuarios a una niña trans de seis años

Martina —nombre ficticio— es una niña transgénero de seis años cuyos padres la inscribieron la semana pasada en el club deportivo del Banco de Previsión Social (BPS). 

Gracias a la ley integral para personas trans, los adultos responsables pudieron ratificar la partida de nacimiento de la menor y su cédula, por lo que en los papeles y “obviamente en su sentir, es una niña”, comentó su madre, Fernanda Fossati, a Montevideo Portal. 

En el club del BPS en Montevideo, según indicó la mujer, hay cuatro vestuarios para uso de los socios: niñas, niños y adultos. Las menores de edad deben ingresar solas para cambiarse y bañarse, de acuerdo con las normas. 

“Como mi hija tiene pene, me pareció que lo mejor era llevarla conmigo al vestuario femenino y cambiarla y bañarla yo para preservar su identidad”, comentó Fossati. 

Desde el club le comunicaron que esto no estaba permitido y que debía enviar una carta a la dirección para explicar la situación, con el objeto de pedir un permiso especial para ingresar con la menor al vestuario de adultas. 

La respuesta que recibió la familia no colmó sus expectativas, dado que en una reunión con el presidente de la institución, Mauricio Passadore, se le indicó que las alternativas eran que la menor se cambiara en el vestuario de varones o que no asistiera a clases de natación. 

“Que solo podía ir a clases en las que no tuviera que usar el vestuario”, indicó la madre de la niña sobre parte de la respuesta de la institución. Fossati indicó que está evaluando, junto a su abogada, presentar un recurso de amparo. 

La madre de la menor contó que decidieron hacer pública la situación luego de que acudieran a algunos organismos, pero no tuvieran mayor éxito. Al consultar ante la Secretaría Nacional de Deportes, les respondieron: “No existe en esta Secretaría un protocolo para espacios privados, cada club suele resolver los casos de forma individual. Esto genera situaciones de incertidumbre, donde el usuario trans debe ‘negociar’ su acceso”.

Desde allí les recomendaron elevar la situación a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Institucional (INDDHH). “Recibí respuesta similar: en el ámbito privado el Estado prácticamente no se mete”, contó Fossati.