Madre de Milagros Chamorro tras resolución de Inddhh: “Pidió a gritos que la atendieran”

Laura Cabrera, la madre de Milagros Chamorro —la joven que se suicidó el pasado 25 de octubre en las instalaciones del Casmu, donde fue tres días seguidos a pedir atención médica en salud mental— valoró como “positiva” la resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), en la que detectaron hechos de “gravedad” y “omisiones” en el accionar del Ministerio de Salud Pública, el sanatorio y la Fiscalía General de la Nación.

En diálogo con Montevideo Portal, Cabrera sostuvo que tanto ella como los hermanos de Milagros consideraron “positivo que la Institución detectara esas omisiones y defectos en el trato”. La madre sostuvo que en el caso de su hija hubo “negligencia”. “Realmente nosotros sentimos que a ella se la abandonó en la emergencia”, reconoció.

La madre de la joven que denunció ante la Justicia haber sido víctima de una violación en 2010, cuando tenía 14 años, en Punta del Este, afirmó que su hija fue al sanatorio “buscando ayuda”.

“Fueron dos días en los que ella estuvo pidiendo a gritos que la atendieran. Nunca fue evaluada por un psiquiatra. Fue abandonada. Las recomendaciones que da la institución me parecen muy importantes”, valoró Cabrera.

La familia de Chamorro tiene la esperanza de que la resolución de la Inddhh “sea tenida en cuenta” por los organismos competentes. “Para nosotros —que este casi un año ha sido horrible y muy triste— deseamos que no les suceda lo mismo a otras personas, que realmente se atienda la salud mental como como debe ser”, dijo la madre.

Cabrera reconoció que, si los casos como el que atravesó Milagros “se atendieran a tiempo y se lograra una buena atención y un buen acompañamiento psiquiátrico y psicológico, muchas de las personas que se quitan la vida quizá podrían seguir y encontrar el apoyo que necesitan”. En un proceso “doloroso” y “horrible”, la familia de Chamorro busca que otras personas puedan evitar el trágico desenlace de la joven.

“Sentimos que se lo debemos a Milagros, incluso que las cosas cambien. Que haya cambios no solo en las leyes, para que haya Justicia; que haya cambios en la en la legislación, en cuanto a lo que tiene que ver con la prescripción de los delitos sexuales. Esperamos que haya cambios en ese aspecto y ni que hablar cambios en lo que es la atención de la salud mental”, expresó.

En ese sentido, Cabrera consideró que vio las recomendaciones de la Inddhh al Ministerio de Salud Pública con “esperanza” en un país que “atraviesa un número tan importante de suicidios de gente joven”.

En la resolución divulgada por La Diaria, a la que accedió Montevideo Portal y fue enviada a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, la Inddhh indicó que la familia de Chamorro presentó una denuncia después de la muerte de la joven de 30 años el pasado 25 de octubre de 2024.

En 2022, Chamorro comenzó un proceso judicial para reabrir una causa en la que denunció haber sido víctima de una violación grupal por cinco jóvenes de Maldonado —solo uno de ellos era mayor de edad en el momento que relató la mujer— el 17 de setiembre de 2010, que la llevó a presentar “recurrentes intentos de autoeliminación”, por lo que comenzó un tratamiento con atención en salud mental.

La familia de Chamorro denunció “omisiones” en la implementación de políticas públicas, con foco en el incumplimiento de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental y al Casmu, donde se atendía Chamorro, por “deficiencias en la recepción y tramitación de denuncias”.

En esa línea, la Inddhh comenzó una investigación en la que pidió informes sobre las actuaciones de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, que remite al Ministerio de Salud Pública —que estaba en conocimiento de la causa desde el 2022—, y a la Fiscalía General de la Nación.

En relación con la cartera que dirige Lustemberg, la institución consideró que tiene la “responsabilidad específica de supervisar, inspeccionar y garantizar que la atención en salud mental se brinde conforme a los principios de disponibilidad, accesibilidad, integralidad, continuidad y protección de la vida”.

Según la Inddhh, el caso de Chamorro es un “caso paradigmático”, ya que “evidencia dos dimensiones de daño que requieren abordajes diferentes y complementarios”, como el riesgo suicida y la violencia sexual que la joven denunció ante la Justicia.

El informe de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental concluyó que el suicidio de Chamorro “puso de manifiesto errores asistenciales, como la subvaloración del riesgo, la ausencia de supervisión adecuada, la carencia de interconsultas psiquiátricas oportunas, los registros incompletos y los protocolos poco claros o no aplicados”. En ninguna de las tres oportunidades en las que la joven fue a la emergencia médica entre el 23 y el 25 de octubre de 2025 —en la semana en la que se quitó la vida— recibió la atención de un psiquiatra, un accionar que evidenció “debilidades críticas” del prestador de salud.

Desde la Inddhh destacaron el rol “clave” del Ministerio de Salud Pública a la hora de desarrollar prestaciones para reparar el daño en situaciones de violencia basada en género, que “no pueden ser abordadas en forma disociada a las prestaciones dispuestas para salud mental”.

Asimismo, el organismo señaló que, en el ámbito judicial, la situación de Chamorro debe establecer “aspectos orientados a prevenir la repetición de vulneraciones, garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de salud y derechos humanos y asegurar una respuesta institucional eficaz”.

Bajo esos argumentos, la Inddhh determinó que en la situación que denunció la familia de la joven de Maldonado “se constató la vulneración del derecho a la vida y la salud” y que su suicidio estuvo precedido por “un conjunto de omisiones e incumplimientos en las prestaciones de salud brindadas por el Casmu y la fiscalización de estas”.