El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció un nuevo decreto reglamentario que se aplicará en el régimen general de la Ley de Promoción de Inversiones, en disposiciones que regirán a partir del 1º de febrero.
La normativa, difundida por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), busca incentivar proyectos de inversión con mayor impacto en empleo, productividad y desarrollo territorial.
Según sostuvo el MEF, la reglamentación introduce cambios en la matriz de indicadores que evalúa los proyectos que acceden a los beneficios fiscales.
“Se prioriza el empleo en los grupos poblacionales que tienen mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo y se promueve la descentralización de la inversión en los departamentos del Uruguay que hoy sufren las principales problemáticas de empleo y pobreza”, aseguran desde la cartera.
Ya está disponible el nuevo decreto sobre incentivos a la inversión.
— Martín Vallcorba (@MartinVallcorba) January 9, 2026
La nueva normativa pone foco en la inversión como prioridad estratégica para promover un mayor crecimiento, aspecto central de la estrategia económica del gobierno.
Algunas de las principales novedades:
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A su vez, explicaron que se actualizarán los indicadores vinculados a la productividad, con la transformación del indicador de Investigación, Desarrollo e Innovación en I+, y se refuerza el enfoque ambiental mediante la sustitución del indicador de Tecnologías Limpias por el de Sostenibilidad Ambiental.
El decreto busca ampliar el acceso a los incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, las micro y pequeñas firmas recibirán 15 puntos porcentuales adicionales de exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y dos años extra para utilizar el beneficio, mientras que las empresas medianas de hasta 50 empleados accederán a 10 puntos porcentuales adicionales y un año extra. Además, se eliminó el tope de 3,5 millones de Unidades Indexadas —unos U$S 500 mil— que limitaba el acceso de las Mipes a los beneficios adicionales, y se habilitó que empresas sin contabilidad suficiente puedan postularse presentando una declaración jurada de IRAE.
La normativa también apunta a priorizar proyectos de mayor porte que generen externalidades positivas en empleo y productividad. En ese sentido, los proyectos con inversiones superiores a 180 millones de UI —U$S 30 millones— podrán acceder a una exoneración del 100% del IRAE si cumplen determinados requisitos de generación de empleo e innovación y se presentan antes de fines de 2027.