A poco más de un año de haber asumido al frente del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustemberg repasó en entrevista con Montevideo Portal los principales avances de su gestión, reconoció las dificultades estructurales del sistema y delineó los desafíos a futuro.
La ministra destacó que, pese a los avances, el sistema de salud uruguayo enfrenta desafíos importantes, especialmente en el acceso y la equidad entre usuarios. Señaló que, si bien se han logrado mejoras en el último año, persisten problemas estructurales que requieren transformaciones profundas.
“Nos queda mucho por hacer. En salud uno nunca termina, eso es así; siempre va a haber gente que requiere atención de calidad. El sistema de salud tiene que mejorar mucho en muchos de sus aspectos”, aseguró.
Prioridades de gestión y un sistema con atrasos estructurales
En ese sentido, explicó que el gobierno definió una serie de prioridades que apuntan a mejorar aspectos críticos como los tiempos de espera, el acceso a medicamentos, la salud mental y las políticas dirigidas a la infancia y adolescencia, en un intento por ordenar un sistema que arrastra atrasos desde hace años.
Uno de los puntos centrales de la gestión ha sido el acceso a medicamentos y procedimientos, un área donde Uruguay arrastra un rezago desde 2018. Lustemberg señaló que existen cerca de 300 procedimientos que aún no están incluidos en el Plan Integral de Salud, lo que genera “inequidades” en la atención porque no es obligatorio que los prestadores públicos y privados los brinden.
En ese sentido, destacó que la actual gestión del MSP logró implementar la gratuidad de la apendicectomía por vía laparoscópica, un procedimiento que en mutualistas costaba entre $ 35.000 y $ 80.000, y una rebaja en el costo de los anticoagulantes orales, medicamentos utilizados para prevenir la trombosis venosa y otras indicaciones que de forma privada su precio podía oscilar entre $ 3.500 y $ 12.000.
“Imaginate, para un jubilado o cualquier persona con un ingreso medio, lo que significa tener ese ticket de medicamentos. A través del Fondo Nacional de Recursos ha habido una incorporación paulatina de medicamentos; incorporamos un dispositivo ultramoderno que usan los niños, que regula el control de la diabetes en niños pequeños, y dos medicamentos más para el cáncer de pulmón. Eso creo que ha sido una mejora sustantiva”, comentó.
Tiempos de espera: actualización normativa
En cuanto a la reglamentación del decreto de los tiempos de espera, Lustemberg lo calificó como un “hito muy importante” y explicó que se avanzó en una actualización de la norma —la que estaba vigente era de 2007— y en la implementación de mecanismos de gestión más eficientes dentro de las instituciones.
“Si un médico te mandaba una resonancia, una tomografía o algunos procedimientos, no estaban regulados. El decreto obliga a que haya un tiempo máximo. También incorpora las cirugías oncológicas: que las no urgentes tengan un tiempo de no más de 30 días y las otras, 180 días. Empezamos a ordenar, pero con una concepción de que no es una sola medida. Ese decreto también obliga a que cada institución tenga un sistema de gestión de las listas de espera”, señaló.
Violencia en las infancias, responsabilidad del Estado y el caso Jonathan
Consultada sobre la instalación del Gabinete de Infancias, que se implementó a raíz de la ley de garantías que ella misma impulsó en el Parlamento, la ministra se refirió al reciente asesinato del adolescente Jonathan Correa a manos de su padre y no ocultó su desazón por el acontecimiento de casos como este.
“Personalmente, me siento con mucha responsabilidad en esa situación. Es una situación desgarrante y aberrante que sufrió un adolescente después de múltiples instancias y desde que era muy chiquito. La sociedad falló, pero sobre todo el Estado falló. Cuando se revisa, se va viendo que ese niño, desde que estaba en el CAIF y en todo el sistema educativo, transitó por múltiples denuncias de violencia intrafamiliar”, expresó.
En ese marco, valoró que la nueva normativa apunta a “unificar los sistemas de información”.
“No puede ser que en un país donde nacen tan pocos niños no podamos tener el cruce de sistemas de información; la trazabilidad de ese niño desde antes de que nazca. Con la ley, el Estado asume la mayor responsabilidad en este tema y ordena para que estas situaciones como la que ahora estamos lamentando no lleguen a suceder”, afirmó.