A poco más de un año de haber asumido al frente del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustemberg repasó en entrevista con Montevideo Portal los principales avances de su gestión, reconoció las dificultades estructurales del sistema y delineó los desafíos a futuro.

La ministra destacó que, pese a los avances, el sistema de salud uruguayo enfrenta desafíos importantes, especialmente en el acceso y la equidad entre usuarios. Señaló que, si bien se han logrado mejoras en el último año, persisten problemas estructurales que requieren transformaciones profundas.

“Nos queda mucho por hacer. En salud uno nunca termina, eso es así; siempre va a haber gente que requiere atención de calidad. El sistema de salud tiene que mejorar mucho en muchos de sus aspectos”, aseguró.

Prioridades de gestión y un sistema con atrasos estructurales

En ese sentido, explicó que el gobierno definió una serie de prioridades que apuntan a mejorar aspectos críticos como los tiempos de espera, el acceso a medicamentos, la salud mental y las políticas dirigidas a la infancia y adolescencia, en un intento por ordenar un sistema que arrastra atrasos desde hace años.

Uno de los puntos centrales de la gestión ha sido el acceso a medicamentos y procedimientos, un área donde Uruguay arrastra un rezago desde 2018. Lustemberg señaló que existen cerca de 300 procedimientos que aún no están incluidos en el Plan Integral de Salud, lo que genera “inequidades” en la atención porque no es obligatorio que los prestadores públicos y privados los brinden.

En ese sentido, destacó que la actual gestión del MSP logró implementar la gratuidad de la apendicectomía por vía laparoscópica, un procedimiento que en mutualistas costaba entre $ 35.000 y $ 80.000, y una rebaja en el costo de los anticoagulantes orales, medicamentos utilizados para prevenir la trombosis venosa y otras indicaciones que de forma privada su precio podía oscilar entre $ 3.500 y $ 12.000.

“Imaginate, para un jubilado o cualquier persona con un ingreso medio, lo que significa tener ese ticket de medicamentos. A través del Fondo Nacional de Recursos ha habido una incorporación paulatina de medicamentos; incorporamos un dispositivo ultramoderno que usan los niños, que regula el control de la diabetes en niños pequeños, y dos medicamentos más para el cáncer de pulmón. Eso creo que ha sido una mejora sustantiva”, comentó.

Tiempos de espera: actualización normativa

En cuanto a la reglamentación del decreto de los tiempos de espera, Lustemberg lo calificó como un “hito muy importante” y explicó que se avanzó en una actualización de la norma —la que estaba vigente era de 2007— y en la implementación de mecanismos de gestión más eficientes dentro de las instituciones.

“Si un médico te mandaba una resonancia, una tomografía o algunos procedimientos, no estaban regulados. El decreto obliga a que haya un tiempo máximo. También incorpora las cirugías oncológicas: que las no urgentes tengan un tiempo de no más de 30 días y las otras, 180 días. Empezamos a ordenar, pero con una concepción de que no es una sola medida. Ese decreto también obliga a que cada institución tenga un sistema de gestión de las listas de espera”, señaló.

Violencia en las infancias, responsabilidad del Estado y el caso Jonathan

Consultada sobre la instalación del Gabinete de Infancias, que se implementó a raíz de la ley de garantías que ella misma impulsó en el Parlamento, la ministra se refirió al reciente asesinato del adolescente Jonathan Correa a manos de su padre y no ocultó su desazón por el acontecimiento de casos como este.

“Personalmente, me siento con mucha responsabilidad en esa situación. Es una situación desgarrante y aberrante que sufrió un adolescente después de múltiples instancias y desde que era muy chiquito. La sociedad falló, pero sobre todo el Estado falló. Cuando se revisa, se va viendo que ese niño, desde que estaba en el CAIF y en todo el sistema educativo, transitó por múltiples denuncias de violencia intrafamiliar”, expresó.

En ese marco, valoró que la nueva normativa apunta a “unificar los sistemas de información”.

“No puede ser que en un país donde nacen tan pocos niños no podamos tener el cruce de sistemas de información; la trazabilidad de ese niño desde antes de que nazca. Con la ley, el Estado asume la mayor responsabilidad en este tema y ordena para que estas situaciones como la que ahora estamos lamentando no lleguen a suceder”, afirmó.

Leyes sin reglamentar: una deuda estructural

Uno de los puntos en los que Lustemberg hizo mayor énfasis fue en la acumulación de leyes aprobadas años atrás que no habían sido reglamentadas, lo que en la práctica limita su impacto real en la vida de las personas. Según planteó, parte central de su gestión ha sido avanzar en esa deuda.

“Nos encontramos con un acumulado de leyes que no están reglamentadas. Yo estuve siete años en el Poder Legislativo y siempre decía: ‘Las leyes tienen valor cuando se discuten, pero, sobre todo, cuando se implementan. Nuestra responsabilidad es hoy que esté bien garantizado ese derecho y que no quede solo en el papel”, comentó.

Como ejemplo de ese proceso, la jerarca adelantó que ya estaba pronta la reglamentación de la Ley de Endometriosis, que implica el reconocimiento de esta enfermedad como un problema de salud pública y es una norma que estaba aprobada en el país desde la segunda mitad de 2024.

Juicios de amparo y medicamentos de alto costo

El aumento de los recursos de amparo para acceder a medicamentos de alto costo fue otro de los temas por los que Lustemberg fue consultada. La ministra explicó que se trata de un fenómeno global, pero que en Uruguay tiene un impacto significativo en las finanzas del sistema de salud.

“Este es un tema que sucede en el mundo; es de los problemas más graves que hay en el mundo. Primero, porque traduce un problema complejo en la familia, eso es el 100%; cada persona que va por un juicio de amparo está atravesando una situación muy compleja”, comentó.

Lustemberg destacó que Uruguay cuenta con herramientas como el Fondo Nacional de Recursos, que ha permitido ampliar la cobertura de medicamentos de alto costo, pero advirtió que el crecimiento de estos reclamos judiciales implica un desafío financiero significativo para el sistema.

“El año pasado aumentó en un 11% los juicios de amparo; eso significa US$ 158 millones que el país tiene que pagar a través de estos juicios, y eso tensiona mucho los recursos del sistema de salud”, aseguró.

En ese marco, la ministra subrayó la necesidad de incorporar tratamientos con criterios estrictos de evidencia y costo-efectividad para evitar comprometer la sostenibilidad del sistema en el mediano plazo. “No todos los medicamentos tienen el mismo impacto. Hay que ver que ese medicamento realmente cambie la sobrevida y la calidad de vida de las personas, porque si no nos puede pasar que nos quedemos sin recursos para el 90% de las prestaciones que necesita la población”.

Salud mental: uno de los problemas más graves

Uno de los problemas “más graves” es la situación y los indicadores de salud mental. Sobre esto, la ministra dijo: “Cuando nosotros asumimos, había 30 mil personas solo en ASSE en listas de espera en salud mental y hoy seguimos teniendo dificultades importantes en la cobertura”.

La ministra explicó que esta situación responde, en gran medida, a la falta de recursos humanos especializados y a la insuficiencia de dispositivos de atención en todo el país. A su vez, indicó que las diferencias entre prestadores profundizan las inequidades en el acceso.

“Hoy tenemos graves dificultades en la cobertura de psiquiatras, en hospitales de agudos y también en instituciones de asistencia médica colectiva. Entonces, estamos identificando las situaciones más urgentes, pero también trabajando en lo estructural”, resaltó.

“Lo que no puede pasar es que en un Sistema Nacional Integrado de Salud tú tengas que salir del sistema y pagar de forma privada, y que lo regule el mercado, con consultas que pueden estar entre $ 6.000 y 8.000. Tenemos algunas dificultades de información, pero lo que más tenemos es falta de dispositivos”, agregó.

Eutanasia: reglamentación en etapa final

En el tramo final, la ministra se refirió al proceso de reglamentación de la Ley de Eutanasia, que se encuentra en la etapa final del diseño normativo:  “Tenemos plazo hasta abril. Ya conformamos un equipo que está en la etapa final del diseño y estamos consultando a otros actores, porque esto tiene que tener una mirada muy integral”, dijo Lustemberg.

“Nos comprometimos a reglamentarla en plazo, dando la garantía dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud para las personas que opten por ejercer ese derecho a una muerte digna”, concluyó.