Los abogados de Lula dicen que los mensajes relatan "situaciones incompatibles con la exigencia del ejercicio imparcial de la función jurisdiccional" y denotan "el completo rompimiento de la imparcialidad objetiva y subjetiva", según el documento judicial adelantado por el portal de noticias UOL.
Los mensajes se añadieron a la petición de habeas corpus (recurso para obtener la libertad de un preso) que ya se había presentado, alegando que Moro no podía juzgar a Lula porque no era imparcial.
Los abogados de Lula emplearon así formalmente las informaciones reveladas por el medio digital The Intercept el pasado domingo, en base a las conversaciones que Moro y Dallagnol mantenían a través de Telegram.
El habeas corpus será evaluado por el segundo grupo del Supremo Tribunal Federal el próximo 25 de junio, aunque primero, el magistrado de la corte que se encarga del Lava Jato, Edson Fachin, tendrá que decidir si las conversaciones pueden usarse en la acción judicial.
Diversos juristas consideran que los magistrados podrían descartar estas pruebas alegando que pudieron obtenerse de forma ilegal, por ejemplo mediante el hackeo de los celulares de Moro y los fiscales.
Sin embargo, todavía no está claro cómo obtuvo la fuente anónima esos y otros documentos entregados a The Intercept.
Por ello, los abogados de Lula quisieron dejar claro en el documento que lo importante es el contenido en sí de esas informaciones y no la forma en que se obtuvieron.
El documento entregado al Supremo empieza citando una declaración que Moro dio en un programa de televisión referente a las críticas que recibía en 2016 por divulgar una conversación telefónica privada entre Lula y la entonces presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), algo prohibido por ley.
Sobre ese episodio, Moro dijo: "El problema allí no era la captación del diálogo y la divulgación del diálogo, el problema era el diálogo en sí, el contenido del diálogo, que allí era una acción intentando burlar la justicia; ése era el punto".
Moro, actual ministro de Justicia, condenó a Lula en primera instancia, y el expresidente está preso desde abril de 2018 en Curitiba (sur) cumpliendo una condena de ocho años y 10 meses de prisión por presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) siempre sostuvo que era víctima de una persecución judicial para evitar que regresara al poder a través de las elecciones de 2018, para las que partía como claro favorito.
(Sputnik)
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