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Entrevistas

Cambio en el equipo del Sodre

Los cambios que se vienen en el Sodre

La reforma institucional del Sodre, que provocó la renuncia de Jorge Bruni, pretende que el organismo pueda manejarse en el derecho privado y compita incluso por auspicios publicitarios en sus espectáculos, además de ir despojándose paulatinamente de los empleados públicos en su estructura. Entrevistamos a uno de los impulsores del proyecto, el director del MEC Pablo Álvarez.

14.06.2011 17:00

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2011-06-14T17:00:00-03:00
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Por Martín Otheguy

El proyecto del Ministerio de Educación y Cultura para reformar el Sodre, convirtiéndolo en persona pública no estatal, pasó casi inadvertido la semana pasada en la consideración pública, opacado por las consecuencias que desató dentro del directorio del organismo.

La forma en que se manejó el proyecto de reestructura, impulsado por el ministro de Educación y Cultura Ricardo Ehrlich y el director general de dicho Ministerio, Pablo Álvarez, fue el detonante de la renuncia de Jorge Bruni como vicepresidente del Sodre.

En la sesión del Consejo Directivo del jueves pasado, en la que se presentó el borrador de reforma para dar una nueva forma jurídica al Sodre, fue leída también la carta de renuncia de Bruni, que no participó de la discusión en torno al proyecto.

La repercusión de su renuncia tuvo más eco que la noticia que la originó, que pretende modificar de fondo un servicio estatal de radiodifusión y espectáculos que funciona desde 1931.

El proyecto intenta convertir al Sodre en "persona jurídica de derecho público no estatal", lo que le permitiría actuar en el derecho privado a la hora de realizar espectáculos. El cambio, sin embargo, es más trascendental y apela a una renovación de fondo que pretende cambiar incluso la forma en que se percibe a los empleados públicos en áreas vinculadas a la cultura.

Esta nueva institucionalidad permitiría al Sodre asociarse con privados en algunos emprendimientos y tener mayor libertad para participar de la taquilla de sus propios espectáculos pero mantendría al Estado en el control de las decisiones.

El Servicio Oficial de Difusión Radiotelevisión y Espectáculos tiene cinco cuerpos estables: la Orquesta Sinfónica, el Conjunto de Música de Cámara, el Cuerpo de Baile, Coro, a los que se incorporó la Escuela Nacional de Danza y la de Arte Lírico, dos emisoras en AM -Clásica 650 y 1050 AM- y dos en FM -94.7 y 97.1-.

Sobre el proyecto, cuya versión final será remitida al Parlamento en breve, entrevistamos a Pablo Álvarez, uno de sus impulsores.

¿Cómo surgió esta iniciativa, a qué problemas se enfrentaba el Sodre?

La reestructura del Sodre se discute desde hace muchos años, aunque la necesidad se hizo más patente ahora. Por ejemplo, la realización de espectáculos artísticos que suponen una dinámica muy superior a la que permite el funcionamiento normal de la administración central. El Sodre pasaba inadvertido por la sociedad porque tenía los auditorios cerrados y no generaba mayor repercusión -recordemos a los bailarines que hacían performance en las calles porque no tenían dónde bailar- y hoy, por ejemplo, tenemos el empuje del elenco del cuerpo de baile del Sodre, y la reapertura del Auditorio Adela Reta.

¿Por qué genera problemas que se siga haciendo todo a través de la administración central?

Porque los criterios de selección no son los comunes de cualquier llamado, se necesita mayor velocidad, y además porque no se pretende ni se tiene la clara conciencia de que los elencos estables en los cuerpos de música y danza no deben ser integrados por empleados públicos. Nosotros entendemos que se necesita una nueva institucionalidad para eso, y por ello discutimos cuál sería la mejor forma para el nuevo Sodre, que para nosotros es el de una persona pública no estatal. El documento se lo presentamos exclusivamente al directorio, para que luego se dialogue con los trabajadores y se trabaje a partir de allí.

Una vez aprobada esta nueva institucionalidad, que prevé participación privada en algunos emprendimientos, ¿quién tomará las decisiones en lo que refiere a propuestas culturales?

Nosotros planteamos que la designación de las autoridades sea política, a cargo del presidente junto al ministro. No estaría mandando en nada el sector privado, porque no tiene nada que ver con la conducción. La participación privada podría darse en los emprendimientos. Se pueden generar acciones en conjunto, pero la parte privada no tiene nada que ver con la conducción del organismo, sino en los espectáculos.

¿Los espectáculos del Sodre podrían salir entonces a buscar publicidad?

Podría darse, claramente. Lo que no puede recibir son donaciones privadas, a no ser que se trate, por ejemplo, de una ONG.

¿No puede presentar eso un dilema o al menos una polémica? El proyecto prevé que al nuevo Sodre "se le exonere de todo tipo de tributos nacionales y municipales, con excepción de las contribuciones que por seguridad social correspondan". ¿No puede entenderse como una competencia desleal para empresas que sí pagan esos tributos y compitan por los auspicios?

Como en todos los casos, lo que importará en ese caso es el éxito que tengas en el espectáculo o el rendimiento que obtengas a la hora de acceder a financiación publicitaria. Las empresas pretenden asociarse a cosas que funcionen, pero tampoco en este caso la taquilla decidirá sobre los espacios culturales para obtener auspicios. Las políticas culturales a este nivel tienden a ser absolutamente deficitarias, pero si sólo nos guiáramos por la taquilla se vería exactamente lo mismo en todos lados. Esto no puede quedar liberado al éxito que tenga la venta de entradas. Por eso no se puede perder el resorte político. Como esta actividad tiende a ser deficitaria, no se puede perder la posibilidad de financiamiento, y por ello algunos creen que no se debe alejar de la administración central.

Guardar directorio

Según el proyecto, el Sodre pasaría a estar dirigido y administrado por un Consejo Directivo de tres miembros, quienes serán designados por el presidente de la República actuando en acuerdo con el ministro de Educación y Cultura, dos a propuesta directa de éste último y uno propuesto los trabajadores. Estarán en su cargo por dos años, con posibilidad a renovación de otros dos años más. De esta forma se modificaría la composición actual del directorio. Hoy en día, de los tres miembros del directorio hay dos por designación política (Fernando Butazzoni y el renunciante Jorge Bruni) y un representante designado por la oposición (Alberto Scavarelli). Al entrar un representante de los trabajadores a la cúpula directiva, no queda claro aún quién "saldrá".

¿Cómo se dará ese cambio?

Eso quedará a resorte del presidente y las decisiones que tome el ministro. Hoy no nos planteamos ver la continuidad de los actuales conductores del organismo sino hacia qué institucionalidad vamos, y mantener la conducción por parte del Estado

Nosotros entendemos que se puede mantener un vínculo de financiamiento y a su vez facilitar el funcionamiento para que el Estado tenga menos necesidad de quitar de las arcas generales para el mantenimiento del organismo.

¿Que el Sodre cambie de institucionalidad al final le cuesta más plata o menos plata al Estado?

Puede que en el corto plazo le cueste lo mismo o un poco más, como para poner en funcionamiento la institución, porque precisará un empuje, pero luego entendemos que debería reducirse el costo para el Estado sin que ello implique que se disminuya el presupuesto asignado para su funcionamiento.

Redistribuya

Este recorte de gastos del Estado podría darse si los funcionarios del Sodre pasan de ser empleados públicos a trabajadores con las mismas condiciones que el rubro privado, cuyos sueldos podrían financiarse a través de la recaudación del organismo. El proyecto de reforma da sin embargo a los trabajadores la chance de negarse a integrar el organismo y "redistribuirse" en otras áreas del Estado.

De acuerdo al proyecto, los funcionarios públicos presupuestados, con excepción de aquellos pertenecientes al Servicio de Radiodifusión Nacional, podrán optar entre su pase a integrar el nuevo organismo o permanecer en la Administración Central. Si aceptan el cambio, tienen un período de licencia de 12 meses en el que pueden dar marcha atrás y rever su decisión. En el caso de no aceptarlo, quedarán en situación de excedentarios.

Además, los funcionarios que resuelvan integrar el nuevo organismo pero que manifiesten el deseo de preservar todos los derechos funcionales y administrativos adquiridos en su cargo público, podrán hacerlo, pero sujetos a la remuneración de su escalafón y cargo en la Administración Central sin derecho a complemento o compensación alguna. Estos cargos presupuestales estarán vigentes hasta la finalización de sus funciones.

¿Adónde son derivados estos trabajadores, si prefieren seguir siendo empleados públicos y no pasar al nuevo organismo?

Existen varias situaciones. Una es la posibilidad de que se declaren excedentarios. Cobran su sueldo pero se les asigna otro lugar a partir de las necesidades de otros organismos del Estado. Nosotros entendemos que deben distribuirse primero adentro del Ministerio, y encontrar una función que sea de necesidad del Ministerio y que se asimile a la tarea que hoy realicen.

¿Pero puede absorber a todos la estructura pública?

Si no los absorbe la estructura pública igual no pierden el derecho de cobro. El tema es si siguen cobrando realizando funciones activas o no asistiendo.

¿Y los sueldos de los funcionarios del nuevo Sodre quién los pagaría?

Como nuevos funcionarios, la institución los contrata bajo el régimen del derecho privado. Tienen presupuesto propio y con mecanismos propios de la selección de funcionarios del sector privado. Para los nuevos, no habría llamado por parte de organismos de la Administración Central. Lo que nosotros planteamos es que los funcionarios con cargo en el Sofde puedan elegir entre pasar o no pasar, y si pasan puedan optar por mantener las actuales condiciones que tienen. Gozarán de los mismos derechos, y por un tiempo tendremos una doble condición en esa nueva institucionalidad. Por ejemplo, actualizan sus salarios con los decretos del Poder Ejecutivo y no pueden ser despedidos, tienen inamovilidad. Eso es hasta que se termine su vínculo. El resto de los funcionarios, los que no quieran mantener estos derechos de empleado público, tendrán salarios acordes a los que la institución defina. Cada cual elegirá qué es mejor.
Además, no se puede pasar así nomás a la gente que tiene empleos públicos, obligándolos a cambiar su contrato.

El tema de la inamovilidad puede ser el más polémico para los funcionarios del Sodre, ¿pero no es el objetivo en este caso erradicar ese concepto en las áreas vinculadas a la cultura?

Sobre todo en lo que es el Sodre en el sector espectáculos, no administrativos, que también tendrá. Por ejemplo, la parte de radiodifusión no se modificaría con la nueva institucionalidad. La parte de medos públicos sigue vinculada al Ministerio. Por ejemplo, ahora creamos una modalidad especial para los contratos laborales vinculados a las funciones periodísticas, que permite a los medios poder seleccionar los candidatos para algunas de las tareas que realizan en forma diferente a la normal. Hoy sucede que periodistas del Sodre trabajan como empleados públicos, pero no queremos que pase eso. Hay acuerdo en que los periodistas no deben ser funcionarios públicos y que la dirección de los medios debe tener cierta discrecionalidad para elegir quiénes quiere que estén frente a los noticieros sin que se trate de cargos públicos.

Para muchos de los funcionarios la inamovilidad puede ser algo sagrado, ¿cómo ves ese cambio?

Por lo que escuché y lo que pude intercambiar, los trabajadores también entienden que hay que trabajar sobre la descentralización y la desconcentración. Muchos de ellos entienden que hay que hacerlo sin salir de la administración central, porque evidentemente la seguridad que genera desde el punto de vista laboral y los derechos adquiridos no es menor, y me parece natural que los trabajadores lo vean desde ese lugar. No obstante, entendemos que si podemos garantizar a esos trabajadores la estabilidad laboral en un régimen asimilado al contrato que hoy tienen pero dentro de la nueva institucionalidad, es un mecanismo que podríamos acordar tranquilamente. Creo que eso no será una traba.

Por Martín Otheguy