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Judiciales

Faltando el segundo tiempo

Los abogados de Gustavo Penadés, imputado por 22 delitos, renunciaron a su defensa

Vega y Quesada entienden que “no es el mejor momento” para seguir adelante con la causa y que es “lo mejor” para el exsenador.

12.10.2023 18:54

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2023-10-12T18:54:00-03:00
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Dos días después de que el exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés fuera imputado por 22 delitos, sus abogados renunciaron a la defensa legal, informó el periodista Eduardo Preve en su cuenta de Twitter y confirmó Montevideo Portal con Javier Vega, uno de los abogados.

Según dijo el letrado, tanto él como Francisco Quesada entienden que “no es el mejor momento” para seguir adelante con la causa. Para los abogados, esta decisión es “lo mejor” para Penadés en esta etapa del proceso.

Además, Vega dijo a El País que la decisión fue “de común acuerdo” y que presentarán la resolución en Fiscalía.

Este martes 10 de octubre, Penadés fue imputado por la presunta comisión de 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad.

La fiscal de Delitos Sexuales de 6º Turno, Alicia Ghione, pidió además la formalización de la investigación por cuatro “delitos de abuso sexual especialmente agravado, tres delitos de abuso sexual agravado y un delito de violación”.

También se lo acusó por los delitos de “desacato, de corrupción de menores y de atentado violento al pudor”, informó Fiscalía.

“Todo en régimen de reiteración real y en calidad de autor”, añadió el responsable de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

Para llegar al momento de pedir la formalización de la investigación, Fiscalía tomó declaraciones a 11 víctimas, además de testigos; realizó pericias de los teléfonos de Penadés y de Mauvezín; y también solicitó información a la empresa Meta —propietaria de Instagram y Facebook— con el fin de acceder a chats, que no son los que circularon en redes sociales.

El miércoles, Penadés fue trasladado a la Unidad Nº 19, ubicada en Florida, donde pasará los primeros de los 180 días que deberá estar en prisión preventiva. El Ministerio del Interior entiende que, al ser una persona pública, su vida “puede estar en riesgo” en una cárcel de Montevideo.


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