El senador blanco Martín Lema calificó como una “canallada” la denuncia penal del Ministerio de Salud Pública (MSP) contra el exsubsecretario de la cartera, José Luis Satdjian.

“Creo que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y como la ministra está hasta las manos, y está hasta las manos porque hasta el día de hoy no puede explicar por qué diferentes decisiones ponen en riesgo el funcionamiento del sistema, porque no hay garantías”, dijo en entrevista en el Quién es quién de Diamante FM. 

Según Lema, desde el MSP buscan “distraer”, pero anticipó que Satdjian no se amparará en los fueros parlamentarios.

“Creo que la ministra está hasta las manos y no puede explicar. El tema llega al presidente de la República y no encuentra argumentos para defenderla. El FA en el Parlamento hace silencio porque no la puede defender”, afirmó en otro pasaje de la entrevista.

Lema afirmó también que “lo que está pasando” es que la ministra “se pone mucho más del lado de los corporativismos que de los pacientes”, y ante eso “quien pierde es el sistema”. “La ministra de Salud Pública está tomada mucho más por ese corporativismo”, dijo.

En particular, apuntó a “la sanción que le bajó a una anestesista que confesó un hecho de mala praxis”, a que “le permitió al presidente de ASSE irse al exterior con alerta roja”, y “tener siete u ocho trabajos en forma simultánea”. “Es la misma ministra a la que le renunció la directora de Salud”, señaló.

El MSP presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra Satdjian por haber suscrito el 9 de setiembre de 2022 un oficio con el pronunciamiento favorable de dicha cartera para un convenio de complementación de servicios entre ASSE y el Círculo Católico. Lo que alegan es que la firma del exsubsecretario carecía de legitimación porque el por entonces ministro Daniel Salinas se encontraba plenamente en ejercicio de sus funciones.

El senador blanco dijo que el subsecretario firmó el documento en cuestión porque “el ministro se excusó” de hacerlo alegando “razones” por las que no podía actuar.

El convenio cuestionado involucra la contratación, por parte de ASSE, de servicios del Círculo Católico tras la adquisición del Sanatorio Galicia por esa institución.