Las tres propuestas de Cardama al gobierno uruguayo antes de la rescisión del contrato

En octubre pasado, el gobierno uruguayo celebró una conferencia de prensa —con el presidente Yamandú Orsi a la cabeza— para anunciar acciones judiciales en contra del astillero Cardama, empresa que tenía a su disposición la construcción de dos patrullas oceánicas del tipo OPV.

El anuncio de las autoridades se dio tras detectar que la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama era falsa. Además, el gobierno decidió presentar una acción penal.

Con el paso de los meses, la causa siguió adelante con investigaciones administrativas y ampliaciones de las denuncias. A su vez, inspectores de la Armada uruguaya viajaron a Vigo con la misión de inspeccionar la construcción de las OPV, sobre las que encontraron diferentes atrasos e incumplimientos de los hitos.

El Ejecutivo, además, contrató a la empresa Bureau Veritas para que realizara una auditoría externa, que llegó a la conclusión de que la calidad de la obra era “satisfactoria”, pero que había retrasos que hacían imposible su entrega en tiempo y forma.

Entre octubre y febrero, el gobierno uruguayo detectó otro problema en relación con la garantía de reembolso, ya que Cardama presentó un contrato que no correspondía a una póliza, sino a un texto de términos y condiciones.

Tras regresar de su viaje a China, una de las primeras acciones que tomó el presidente fue convocar al Consejo de Ministros y, en la conferencia de prensa posterior, anunció —entre otras medidas— que se rescindirá el contrato con el astillero, firmado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, dijo esta semana, en entrevista con Desayunos informales (Canal 12), que Cardama en ningún momento presentó en Uruguay al abogado Gonzalo Fernández como su defensor designado para mediar entre las autoridades y el astillero.

Fernández participó, al menos, en una reunión en la que elevó una serie de tres propuestas al gobierno uruguayo con el fin de subsanar los inconvenientes generados en torno a la garantía.

Una de ellas fue utilizar bonos del Tesoro de Estados Unidos como garantía, lo que funciona como una especie de prenda a ejecutar en caso de que no se cumpliera lo acordado por las partes del contrato.

La segunda consistía en utilizar activos económicos de la empresa y depositarlos en el Banco República como forma de otorgar garantía al gobierno uruguayo. La tercera opción era una especie de “extensión” de la garantía de reembolso —sobre la que hubo irregularidades en la presentación de Cardama al gobierno— a cargo de Redbridge.

Fuentes del Ejecutivo indicaron a Montevideo Portal que en ningún momento consta que Fernández haya sido el abogado de Cardama, sino que fue un actor que se ofreció para que ambas partes llegaran a un acuerdo. Además, al igual que señaló Díaz en la mencionada entrevista, por más que las propuestas pudieron haberse manejado en una reunión que Fernández tuvo en Torre Ejecutiva, no constan en el expediente, pese a que se notificó a Cardama y se le dio vista en dos oportunidades.