La prueba que el gobierno agregó a la ampliación de la denuncia contra Cardama

El gobierno de Yamandú Orsi presentó una ampliación de la denuncia penal contra el astillero español Cardama por sospechas sobre una posible estafa después de haber firmado un contrato con el Estado uruguayo por más de US$ 92 millones para construir dos patrullas oceánicas.

Según informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal con fuentes oficiales, la ampliación de la denuncia, que fue realizada por la Asesoría Jurídica de Presidencia, agrega una declaración del notario español Luis Calabuig de Leyva, que dijo que el astillero español falsificó su firma en un acta que acompañaba la garantía en cuestión.

Según dijeron fuentes oficiales a Montevideo Portal, el área de Asesoría Jurídica presentó la ampliación de la denuncia, que incorporó “documentos con nuevas pericias” del caso. 

El pasado 23 de octubre, el gobierno presentó una denuncia civil y penal contra Cardama por la garantía que presentó en su contrato con el Estado uruguayo. La polémica se generó después de que el astillero español incumpliera con los plazos de la garantía de fiel cumplimiento, por la que tenía 45 días después de firmado el contrato.

La empresa española era la encargada de construir dos patrullas oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga e iban a ser entregadas a la Armada Nacional, que las utilizaría para “el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país”.

Desde el gobierno de Yamandú Orsi informaron que, en una primera instancia, el Estado uruguayo había acordado que Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento en un plazo de 45 días de firmado el contrato, que equivalía al 5% total de la obra. Sin embargo, la empresa española no cumplió con lo establecido y solicitó “sucesivas prórrogas”, que derivaron en un “largo procedimiento”.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo a De no olvidar que el gobierno uruguayo tiene la intención de “revisar muchos aspectos del contrato” firmado durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou.

“Nos generan dudas un montón de situaciones que son extrañas”, dijo el jerarca del Poder Ejecutivo. En esa línea, Sánchez cuestionó que Cardama contratara a la certificadora Lloyd —reconocida a nivel mundial— con “plata del Estado”, y afirmó que “hay muchas cosas para rediscutir y poder reacomodar esta situación para preservar los recursos que ya pusimos y por qué lo que queremos es tener OPV [buque de patrulla oceánica]”.

Sánchez dijo que el Estado debe analizar “componentes” del contrato con el astillero español. En primer lugar, el secretario de Presidencia se refirió a la “compra directa” que el gobierno anterior ponderó antes que una “licitación que decidió dejar desierta”.

“Fue por un camino de compra directa y trajo este astillero, que no tiene experiencia en construir este tipo de embarcaciones. Sí tiene muchos años, pero no experiencia en construir este tipo de barcos”, sostuvo, y afirmó que la construcción de Cardama es un “prototipo”.

Sánchez también apuntó contra la administración de Lacalle Pou y dijo que “no hizo los controles que merecía”. “Tenemos la situación de una garantía que es trucha, que ya está demostrado, y que la empresa nunca existió”, insistió.

En esa línea, el jerarca recordó que en contrataciones uruguayas “el contrato comienza a estar vigente una vez que se constituye la garantía”. “No es un problema accesorio. Sin garantía, no tendría vigencia el contrato”, agregó.

El secretario de Presidencia indicó que Cardama “demoró 11 meses en poder constituir garantías”. “Anduvo buscando por todos lados y nadie se la daba porque tenía un problema serio. Estaba construyendo algo que nunca había construido y, si uno mira la facturación de Cardama de los últimos años, facturaba 8 millones de euros, y ahora 80”, expresó.