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Indirectamente, fueron los atentados del 11 de setiembre los que complicaron a las farmacias en Uruguay. Ahora, nuestro país puede ser "la punta del iceberg" en el conflicto por la venta de marihuana, según una nota del New York Times.
La semana pasada explicábamos cómo la presión del sistema bancario estadounidense complicó la venta de marihuana tanto en nuestro país como en los propios Estados Unidos, donde a nivel local varios estados aprobaron la venta de cannabis para uso recreacional.
En Uruguay, las farmacias -los comercios elegidos para la venta de la marihuana- se están bajando del negocio ante la clausura de sus cuentas bancarias-. En Estados Unidos, los puntos de venta tuvieron que optar por utilizar solo efectivo para todas sus transacciones o acudir a la buena voluntad de bancos locales que decidieron ignorar las restricciones del sistema.
La prensa estadounidense siguió de cerca el caso de Uruguay y el boicot a la venta de cannabis, que consideran obra de Estados Unidos. "La marihuana se vendía como pan caliente hasta que intervinieron los bancos estadounidenses", tituló por ejemplo el New York Times.
El artículo menciona que la venta era un éxito hasta que "llegaron las cartas poco amistosas de parte de los bancos estadounidenses", que confundieron a los funcionarios de Uruguay, que intentaron entonces entender la Ley Patriota y otras leyes estadounidenses que podrían acabar con una parte esencial del nuevo mercado de la marihuana de Uruguay.
Fueron los bancos estadounidenses, entre ellos Bank of America, los que dijeron que dejarían de realizar negocios con los bancos de Uruguay que ofrezcan sus servicios a las venta de marihuana controlada por el Estado.
Para el New York Times, esto envía una señal de "mayor indecisión internacional" en el momento en que otros países, incluido Canadá, planean legalizar la marihuana.
El problema comienza con la Ley Patriota, aprobada semanas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que volvió ilegal para las instituciones financieras de Estados Unidos hacer negocios con distribuidores de ciertas sustancias controladas, incluida la marihuana (medidas que fueron diseñadas para frenar el lavado de dinero y el tráfico de drogas).
Y aunque el gobierno de Barack Obama emitió unos lineamientos en 2014 que indicaban que era poco probable que los bancos enfrentaran sanciones por ofrecer servicios a los negocios que venden marihuana (siempre y cuando monitorearan las cuentas para garantizar que no se usan para lavado de dinero proveniente del narcotráfico), los grandes bancos "se han mantenido lejos de la creciente industria de la marihuana".
"Los bancos son negocios y ellos pueden elegir con quienes quieren tener tratos", dijo al New York Times Frank Robison, un abogado en Colorado que se especializa en la regulación de la marihuana.
La solución encontrada por algunos en Estados Unidos (como el uso exclusivo de efectivo o la ayuda de pequeños bancos) es más difícil en Uruguay, recuerda el medio, ya que las farmacias necesitan de los servicios bancarios para operar.
Con la llegada de Donald Trump al poder y el anuncio de Jeff Sessions (fiscal general de Estados Unidos), que comparó la marihuana con la heroína, no parece probable que la situación cambie en el corto plazo.
Sin embargo, con la apertura del mercado medicinal de marihuana en varias partes del mundo, Estados Unidos puede verse forzado a resolver este conflicto. "Uruguay podría ser la punta del iceberg", dijo Robison al New York Times.
En declaraciones por correo electrónico, los departamentos del Tesoro y de Justicia afirmaron al medio estadounidense que los lineamientos de Obama (más flexibles y tolerantes) todavía eran aplicados, pero el gobierno de Trump todavía no dio a conocer indicios claros en esa área de su política.
Ahora, las esperanzas están puestas en una ley que permitiría a los banqueros hacer negocios vinculados a la venta de marihuana, propuesta por el demócrata Ed Perlmutter. "Es irónico que las leyes destinadas para combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero han bloqueado a un sistema que tiene la intención de hacer precisamente eso", dijo Hannah Hetzer, analista de Drug Policy Alliance, al New York Times. "Uruguay crea un mercado que desplaza al mercado ilegal", dijo.


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