El gobierno presentó este viernes una denuncia civil y penal contra Cardama por la garantía que presentó en su contrato con el Estado uruguayo por más de US$ 92 millones.
La polémica se generó después de que el astillero español incumpliera con los plazos de la garantía de fiel cumplimiento, por la que tenía 45 días después de firmado el contrato, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
La empresa española era la encargada de construir dos patrullas oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga e iban a ser entregados a la Armada Nacional, que los utilizaría para “el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país”.
Desde el gobierno de Yamandú Orsi informaron que, en una primera instancia, el Estado uruguayo había acordado que Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento en un plazo de 45 días de firmado el contrato, que equivalía al 5% total de la obra. Sin embargo, la empresa española no cumplió con lo establecido y solicitó “sucesivas prórrogas”, que derivaron en un “largo procedimiento”.
Ante esa notificación, el gobierno contrató a un estudio jurídico inglés, que en 24 horas constató que la gaceta oficial del Reino Unido había anunciado que la empresa que brindaría la garantía a Cardama estaba en proceso de liquidación desde el 19 de agosto de 2025.
Además, según informó el semanario Búsqueda este mismo viernes, la institución bancaria que respalda la garantía, Eurocommerce Bank, cambió su dirección durante esta misma jornada. Según el citado medio, la nueva ubicación es 85 Great Portland Street en Londres, Reino Unido; otras empresas tienen sede en esa dirección y al menos tres de ellas fueron señaladas por incumplimientos de las normas antilavado en ese país por las autoridades competentes.
Así, según dijo el secretario de Presidencia, Alejando Sánchez, en conferencia de prensa el pasado miércoles, “no se tomaron los recaudos por parte de la administración pública para comprobar que la empresa que ofrece esta garantía tuviera la capacidad de hacer frente a esta situación”.
“Este es el problema al que estamos enfrentados”, añadió.
La cronología de los hechos
En julio de 2023, el gobierno anunció la compra de los dos buques.
En agosto, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Gustavo Musso, pidió el pase a retiro; él había realizado un informe a título personal en el que recomendaba comprar las OPV (Offshore Patrol Vessel, por sus siglas en inglés) al astillero Gondán, es decir, no a Cardama.
El 15 de diciembre de ese mismo año, el Ministerio de Defensa —entonces encabezado por el actual senador nacionalista Javier García— y la empresa Francisco Cardama S. A. firmaron un contrato para la construcción y venta de dos buques OPV.
El 25 de enero de 2024, antes de cumplirse esos 45 días, Cardama envió un correo al director general de la Secretaría de Defensa, Fabián Martínez, solicitando una prórroga de 30 días para constituir las garantías.
Un mes después, la empresa informó que no había podido gestionar la garantía a través del Banco de Seguros del Estado y que recurriría a una nueva empresa, Soms.us.
El 28 de febrero Cardama pidió una segunda prórroga, en este caso de 10 días, para “finalizar el proceso administrativo de las mismas”, según surge de un memorándum que elaboró el gobierno en el que se detalla todo el proceso y las irregularidades detectadas, al que accedió Montevideo Portal.
El 4 de marzo, el Ministerio de Defensa, ya bajo el liderazgo de Armando Castaingdebat, notificó la extensión de la prórroga solicitada.
Entre el 5 y 11 de marzo, Cardama envió borradores de garantías a Defensa: el primero con Soms.us, el segundo con Redbrige y el tercero con Euro Exim Bank.
El 11, la Secretaría de Estado pidió información al Banco Central del Uruguay sobre las dos últimas empresas. La respuesta fue que “no se pudo acceder a información financiera ni calificación de riesgo” y el ente sugirió “la necesidad de un asesoramiento jurídico y con corredor de seguros para determinar riesgos, procedimiento de reclamos y formas de pago”.
Cardama envió certificados de Redbrige y Euro Exim Bank que supuestamente garantizaban su capacidad de emitir seguros.
El 19 de marzo, Castaingdebat envió una nota a la empresa con “observaciones” sobre las garantías presentadas.
Dos días después, Cardama contestó solicitando una reunión presencial y adjuntando documentación sobre Redbrige y Euro Exim Bank.
El estudio jurídico Delpiazzo Abogados advirtió que Euro Exim Bank “no cumple con las condiciones de primer requerimiento exigidas por el contrato, y que su vigencia es de 42 meses a partir de la emisión y no desde la entrada en vigor”. Además, señaló observaciones sobre “jurisdicción, ley aplicable y fijación de idioma”.
El 14 de junio de 2024, Cardama informó que había solicitado un nuevo aval bancario a Euro Exim Bank.
El 9 de julio, comunicó que gestionaba otros avales, entre ellos, uno con Abitab.
El 3 de setiembre, la empresa comunicó la negativa de Abitab a otorgar la garantía y solicitó un aplazamiento de 72 horas.
El 6 de setiembre, Cardama presentó un borrador de la garantía de fiel cumplimiento emitido por Eurocommerce.
Ese mismo día, el estudio Delpiazzo advirtió al director general de Recursos Financieros, Damián Galo, que el plazo para constituir la garantía había vencido. Delpiazzo señaló que “el borrador de garantía presentado por Eurocommerce no cumple con la exigencia contractual: solo se concede por 365 días, cuando el contrato establece 42 meses desde la entrada en vigor. Además, deja librada la posibilidad de ejecución al consentimiento del incumplidor, no queda claro el proceso de cobro ni si es a sola demanda”.
El 12 de setiembre, el ministro de Defensa envió las observaciones a los borradores y proporcionó el número de cuenta del Ministerio de Defensa para un eventual depósito en efectivo.
El 4 de octubre, la empresa remitió borradores de las garantías de Redbrige y Eurocommerce.
Tres días después, Delpiazzo concluyó que la primera se ajustaba al contrato, pero que la segunda no cumplía las condiciones: tenía una vigencia de solo 365 días prorrogables.
El 14 de octubre, Castaingdebat comunicó a Cardama: “Habiéndose analizado por parte del estudio Delpiazzo los borradores de avales remitidos a través de correo electrónico, tengo el agrado de comunicarle que estamos en condiciones de continuar con el proceso de entrada en vigor del contrato, por lo que se solicita que remitan las garantías originales a este ministerio”.
El 29 de noviembre, el titular de Defensa aseguró que la construcción de las dos patrullas oceánicas había comenzado su “etapa final”.
El 21 de abril de este año, ya bajo la actual administración, varios altos cargos y el excomandante de la Armada, Jorge Wilson, fueron sancionados por proporcionar información falsa o retrasar la entrega de datos sobre la compra de las embarcaciones a la ministra Sandra Lazo.
Una semana después, Lazo anunció que su Secretaría de Estado abriría una investigación administrativa por la compra de las patrullas oceánicas.
El 22 de julio, la Armada elaboró un informe en el que se hablaba de irregularidades en la construcción de los buques.
El pasado 22 de octubre, el presidente Orsi anunció la demanda a Cardama ante “fuertes indicios de fraude o estafa al Estado Uruguayo”. Ese mismo día, minutos antes de esa conferencia, la empresa quiso renovar la “supuesta” garantía con la misma empresa falsa —Eurocommerce—, indicó Sánchez.