El 10 de abril de 2013 se sancionó la ley de Matrimonio Igualitario en Uruguay con el voto a favor de 71 de los 92 parlamentarios presentes en la sesión. Colocó al país como el duodécimo del mundo y el segundo en Latinoamérica (después de Argentina) en permitir la unión civil entre personas del mismo sexo. Diez años después, es un derecho reconocido internacionalmente por al menos 34 de los 195 países reconocidos por la ONU.
La norma fue aprobada bajo la presidencia de José Mujica (2010-2015),
en el segundo período de gobierno consecutivo del Frente Amplio (FA) en
Uruguay. La coalición de izquierda apoyó de manera unánime el proyecto. El
presidente, Luis Lacalle Pou, en ese momento diputado de la oposición, no apoyó
la norma, aunque luego declaró haberse arrepentido.
Martín Tierno, diputado del FA dijo a EFE: “Hablaban
de que podía traerle a Uruguay perjuicios importantes, cosa que no sucedió”,
acota. Remarcó la importancia tanto de esta como de las demás leyes de la “agenda
de derechos” impulsadas durante los 15 años consecutivos en los que el FA gobernó
el país, como la legalización del aborto y la regularización laboral de
empleadas domésticas y peones rurales.
10 años después
"Que haya pasado toda una década de la
aprobación es algo para celebrar y también nos recuerda de la importancia que
tuvo la lucha por esta ley", señala en diálogo con EFE la
presidenta de la organización social defensora de los derechos LGBT Ovejas
Negras, Magdalena Bessonart.
Para la activista, hace 15 años se encontraba un
país en el que era "muy poco" el reconocimiento de personas no
heterosexuales o no cisgénero, por lo que hubo que batallar para crear conciencia
y ganar visibilidad. En esa línea,
según Bessonart, el debate que se generó en torno a la ley “desbordó” la
conquista de que, independientemente de su género y su orientación sexual, toda
pareja pudiera contraer matrimonio y trajo aparejada “una batería de políticas
públicas” que implicaba “apertura” también en la atención en salud o la
enseñanza.
Así lo destaca también el exdiputado Fernando
Amado, que votó la norma por el entonces opositor Partido Colorado (PC) y quien
asegura que “una conquista como esta es sin duda el trabajo de años o décadas
de movimientos sociales, partidos políticos y la ciudadanía, que se apoderó de
esta discusión y logró un cambio”.
EFE
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