La historia de Yuri Martínez, apuñalado en el ojo y relegado en hospitales hasta su muerte

El sábado 2 de junio de 2018 era un día más en la Cárcel de Canelones y también una jornada normal para Yury Martínez (24), quien cumplía una condena por dos delitos de rapiña en régimen de reiteración real. El 5 de agosto de 2017, el joven fue padre por segunda vez, de un niño —que para 2018 tenía un año y 10 meses—, junto a su pareja, con quien mantenía un vínculo de 10 años. Ambos, además, habían tenido otra niña un tiempo antes.

De nuevo, el 2 de junio de 2018 fue un día más en la cárcel de Canelones hasta que en determinado momento de la tarde Martínez comenzó una disputa verbal con otro recluso. Según el peritaje que consta en el expediente, las palabras fueron y vinieron, pero cada vez la situación se tornaba más tensa, pese a que el intercambio había comenzado por “un problema menor de convivencia”. 

La discusión terminó de forma abrupta cuando el otro preso sacó un corte carcelario y se lo incrustó en uno de sus ojos. La cuchilla traspasó la cuenca ósea, que se conoce como órbita, y llegó al cerebro de Martínez. Esto le causó daños irreversibles.

La historia de vida de Martínez terminó el 2 de setiembre de ese mismo año, cuando falleció mientras estaba internado en el Hospital Saint Bois. La familia del preso asimiló el duelo y decidió presentar una demanda por daños y perjuicios contra el centro asistencial y la cárcel de Canelones, asegurando que los tratos que recibió el hombre fueron “inhumanos”. 

Según el documento presentado ante el juez letrado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo, una vez que Martínez fue agredido se lo trasladó a la habitación donde los presos reciben atención médica. Allí permaneció más de dos horas “sin los primeros auxilios debidos”. “Simplemente se lo dejó tirado en un estado crítico”, indica la demanda de los abogados Marcos Pacheco y Mariana De León.

El hecho sucedió durante el día, y no fue hasta la noche del 2 de junio que a Martínez se lo trasladó al Hospital Maciel para ser operado de urgencia. Dicha cirugía duró más de cuatro horas y luego lo llevaron al Círculo Católico, ya que en el Maciel argumentaron que no podían permanecer personas privadas de libertad, según el documento al que tuvo acceso Montevideo Portal. 

En la mutualista, Martínez estuvo alrededor de un mes en coma y en cuidados intensivos. Una vez que se pudo revertir la situación, el equipo médico del Círculo pidió que el fallecido fuera nuevamente al Maciel para ser operado otra vez. “La guardia prohibió que lo trasladaran a dicho hospital diciendo que fuera intervenido en el Saint Bois”, indica la demanda.

La familia “imploró” que Martínez no fuese llevado allí porque algunos conocidos les contaron que en ese centro asistencial las condiciones para los presos no eran las mejores. El pedido no sirvió de nada en los hechos, y en el reclamo formal que presentaron aseguran: “Su estado fue crítico por el estado inhumano con el que se lo trató por parte de la institución y del equipo médico, al punto que jamás accedieron a hablar con ningún familiar a efecto de al menos saber cómo se encontraba su evolución”. 

La pareja y madre de los hijos de Martínez aseguró a la Justicia que “en más de una oportunidad” pidió bañarlo porque “ni siquiera le ponían pañales y no podía hacer las necesidades básicas”. 

“Cada vez que concurría a verlo lo encontraba sin pañales, desnudo, sucio, no lo bañaban en días, congelado, con mucho frío, en una habitación helada y lleno de escaras”, describió la mujer.

Foto: cedida a Montevideo Portal 

El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, fue puesto al tanto de la situación y concurrió al Saint Bois para constatar lo que narraba la familia de Martínez. De acuerdo con la demanda, tras la visita, al recluso lo colocaron en una cama “porque lo tenían prácticamente en el piso”. 

Sin embargo, unos días después, las autoridades dispusieron que el hombre debía pasar al calabozo del centro asistencial. “Una vez que fui a verlo estaba en una camilla con un colchón prácticamente sin altura. Inmediatamente me saqué mis medias, le puse mi saco para intentar que entrara en calor y solicité, implorando, una estufa”, contó la pareja de Martínez.

En la demanda se argumenta que las condiciones en las que transitó Martínez su internación, la falta de controles y la omisión de medidas llevaron a que el hombre muriera. El documento cita varias leyes y disposiciones de organizaciones intencionales, además de asegurar que el fallecido tenía una familia detrás que estaba al tanto de todo lo que pasaba con el preso. 

“La sola idea de pensar en el padecimiento de su pareja, no solo en el momento de la trifulca sino en toda su agonía [...], son todos extremos que la torturan [a la pareja de Martínez] en forma inimaginable, no teniendo ni un solo día de su vida respuesta de por qué ocurrió tal hecho”, indica la demanda, y cuestiona: “¿Acaso ya no se lo había castigado lo suficiente con estar privado de libertad, que también se lo castigó al mantenerlo bajo condiciones de reclusión tan deficitarias?”. 

El documento indica sobre el final: “Estimamos como daño moral, en función del perjuicio sufrido y los parámetros fijados por la jurisprudencia nacional reciente, la suma de US$ 200.000”. 

Situación complicada 

El 12 de mayo, la jueza de ejecución de Segundo Turno de Canelones, Erika Melina Armendano,intimó al Ministerio del Interior a cumplir el Plan de Mejoras reclamado por la Oficina del Comisionado Parlamentario para la cárcel de Canelones —mediante un recurso de habeas corpus— para superar las malas condiciones de habilidad y convivencia. 

En el fallo, la Justicia de Ejecución de Canelones hizo lugar al habeas corpus correctivo presentado por Petit solicitando las mejoras para el Módulo 2 de la cárcel canaria. Entre las cosas que se le piden a la cartera de seguridad, aparece “la reorganización de dicho módulo a efectos de revertir la situación violatoria de la Constitución [...] elaborando un plan de mejoras que asegure las condiciones de habitabilidad dispuestas por las normas nacionales e internacionales relevadas, procurando la implementación de planes de atención de los penados con adicciones”. 

Ahora se espera que el proceso judicial siga su curso y que Interior comience a concretar los pedidos que hizo la Justicia. Petit ha valorado en varias ocasiones el trabajo que realiza el personal carcelario, pero argumenta que “sin las conexiones con otros organismos y recursos materiales y humanos que permitan un auténtico programa de rehabilitación, las mejores intenciones naufragan”.