La frágil democracia de Guatemala pone sus esperanzas en un nuevo presidente

Por The New York Times | Simon Romero and Jody García

Bernardo Arévalo, un activista anticorrupción, ha tenido que luchar para llegar a la toma de posesión del domingo. Sus desafíos apenas comienzan.

Desde que Bernardo Arévalo irrumpió en la escena política de Guatemala el año pasado como un activista anticorrupción, se ha enfrentado a un complot de asesinato, la suspensión de su partido y una avalancha de ataques legales diseñados para impedirle asumir la presidencia.

Ahora viene la parte difícil.

La toma de posesión de Arévalo prevista para el domingo —cinco meses después de que su victoria presidencial le propinara una reprimenda sorprendente al establishment político conservador de Guatemala— marca un cambio radical en el país más poblado de Centroamérica. Su victoria aplastante reflejó un amplio apoyo a sus propuestas para frenar la corrupción y revivir una democracia tambaleante.

Pero mientras Arévalo se prepara para gobernar, deberá ejercer control mientras se enfrenta a una alianza de fiscales conservadores, miembros del Congreso y otras figuras políticas que han erosionado las instituciones gubernamentales de Guatemala en los últimos años.

“Arévalo tiene el trabajo más ingrato de Guatemala hoy porque llega con expectativas de grandes cambios”, dijo Edgar Ortíz Romero, experto en ley constitucional. “A Arévalo le están dando un presupuesto para comprarse un Yaris”, dijo, refiriéndose a un modelo poco costoso de Toyota, “y la gente quiere un Ferrari”.

Los opositores de Arévalo en el Congreso ya han tomado medidas para tratar de maniatarlo, al aprobar un presupuesto a finales del año pasado que limitaría severamente su capacidad para realizar gastos en atención médica y educación, dos de sus principales prioridades.

Pero encontrar recursos es apenas una de las dificultades que enfrenta Arévalo. Más urgentemente, el nuevo presidente enfrenta diversos desafíos impuestos por la arraigada clase dominante de Guatemala y destinados a limitar rápidamente su capacidad de gobernar.

La lucha por el poder que se desarrolla en Guatemala, una nación de 18 millones de habitantes, está siendo seguida de cerca en toda Centroamérica, una región que ya está en vilo por la creciente influencia de los cárteles de la droga, el éxodo de migrantes y la propagación de tácticas autoritarias en países vecinos como El Salvador y Nicaragua.

La transición de poder en Guatemala ha sido todo menos ordenada, pues ha estado marcada por arrestos, rumores de arrestos y temores de que las autoridades que se oponen a Arévalo irían aún más lejos para impedir que su toma de posesión se llevara a cabo.

La rival de Arévalo en la contienda presidencial, una ex primera dama, se negó a reconocer su victoria. En la capital, Ciudad de Guatemala, han surgido especulaciones en los últimos días de que los fiscales buscarían el arresto de la compañera de fórmula de Arévalo, Karin Herrera, lo que podría descarrilar la toma de posesión, ya que tanto el presidente electo como la vicepresidenta electa deben estar presentes en el Congreso el domingo para que la transferencia de poder sea legítima.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió una orden que protege a Herrera del arresto, al darle a ella y a Arévalo un amparo provisional.

Aún así, los fiscales y jueces que se oponen a Arévalo intensificaron un ataque judicial que comenzó poco después de las elecciones nacionales, generando dudas sobre si habría siquiera una transición de poder.

Buscando sembrar dudas sobre la victoria de Arévalo en las urnas, donde ganó por más de 20 puntos porcentuales, los fiscales obtuvieron órdenes de arresto para cuatro magistrados de la máxima autoridad electoral de Guatemala por acusaciones de corrupción en la adquisición de software electoral.

Los cuatro magistrados se encontraban de viaje fuera del país cuando se emitieron las órdenes de arresto.

La fiscalía también arrestó el jueves a Napoleón Barrientos, exministro de Gobernación, alegando que se negó a usar la fuerza para mantener el orden en octubre contra los manifestantes que exigían la renuncia de la fiscala general.

Este tipo de medidas se han vuelto comunes en Guatemala desde que figuras políticas conservadoras clausuraron una misión anticorrupción pionera respaldada por la ONU en 2019, que transformó al país de un laboratorio para erradicar la corrupción a un lugar donde decenas de fiscales y jueces que intentaban hacerle frente a los actos ilícitos tuvieron que huir al exilio.

Brian Nichols, secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, condenó lo que llamó “las más recientes acciones de actores antidemocráticos en Guatemala”, incluido el arresto de Barrientos por “defender el derecho a la protesta pacífica”.

Esa expresión de apoyo se produjo tras meses de maniobras por parte del gobierno de Biden en apoyo de Arévalo luego de que este sorprendiera a muchos en Guatemala, incluidos miembros de su partido, al pasar a una segunda vuelta que luego ganaría de manera aplastante.

Ese posicionamiento contrasta con el apoyo de Estados Unidos al ejército guatemalteco durante una brutal guerra civil que se produjo de 1960 a 1996 y que resultó en una condena por genocidio para un exdictador que intentó exterminar a un pueblo maya, y de los planes de la CIA para un golpe de Estado de 1954 que derrocó a un presidente popular y elegido democráticamente, Jacobo Arbenz.

Después de ese golpe de Estado, el padre de Arévalo, Juan José Arévalo, un expresidente que todavía es admirado en Guatemala por permitir la libertad de expresión y por crear el sistema de seguridad social, pasó años exiliado en distintas partes de América Latina.

El Arévalo menor, un sociólogo y diplomático de voz suave, nació en Uruguay durante esa época y se crio en Venezuela, México y Chile antes de que la familia pudiera regresar a Guatemala. Es la figura más progresista que ha llegado tan lejos en Guatemala desde que se restableció la democracia en la década de 1980.

El mes pasado, a medida que se iban intensificando los esfuerzos para impedir que Arévalo asumiera el cargo, Estados Unidos impuso sanciones a Miguel Martínez, uno de los aliados más cercanos del presidente saliente, Alejandro Giammattei, por su participación en mecanismos masivos de soborno.

Y en una medida crucial en diciembre, las autoridades estadounidenses también impusieron restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 miembros del Congreso, por socavar la democracia y el Estado de derecho en sus esfuerzos por debilitar a Arévalo e impedir que asuma su cargo.

“Los gringos han hecho posible lo imposible, porque ese Congreso ahora ya está mucho más dócil”, dijo Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, una organización no gubernamental anticorrupción guatemalteca.

Marroquín dijo que la presión de Estados Unidos podría incluso abrir el camino para que miembros del partido de Arévalo participen en el liderazgo del Congreso, lo que podría mitigar una gran fuente de tensión para su gobierno. Uno de los principales aliados de Arévalo en el Congreso, Samuel Pérez, declaró el viernes que se estaba preparando para fungir como presidente del Congreso, si bien los opositores del presidente electo en la cámara se movilizaban para mantener el control del legislativo.

Según Marroquín, la presión de Estados Unidos “ha sido lo que ha imposibilitado el golpe de Estado, sin eso no estaríamos”. Marroquín añadió que los estadounidenses “son como un seguro, allí están a la hora de la crisis”.

Aún así, el apoyo de Washington a Arévalo ha revelado algunas fisuras en Guatemala. En sus últimas semanas en el cargo, Giammattei, el presidente saliente a quien la ley le prohíbe buscar la reelección, se ha vuelto cada vez más estridente en sus críticas a las sanciones de Estados Unidos y al apoyo internacional a Arévalo.

En lo que fue otro golpe a Arévalo, Giammattei retiró a Guatemala de un grupo de trabajo antinarcóticos creado en 2020 junto con Estados Unidos. La medida podría debilitar la capacidad de Guatemala para combatir a los grupos narcotraficantes, que han estado expandiendo su influencia en todo el país.

Al mismo tiempo, los esfuerzos de Arévalo por forjar alianzas han revelado cuán difícil será para él gobernar. Este mes, anunció el primer gabinete en Guatemala en el que las mujeres representan la mitad de todos los puestos ministeriales, pero la celebración duró poco.

El nombramiento de una integrante de una de las principales asociaciones empresariales del país provocó llamados de que Arévalo, quien se ha apegado a políticas centristas, se estaba desviando hacia la derecha. Otra candidata al gabinete se retiró después de que surgieran viejos comentarios en los que criticaba a un destacado activista indígena.

En un país donde los pueblos indígenas representan casi la mitad de la población, también hubo indignación porque solo una ministra en su gabinete es indígena, a pesar del papel crucial que desempeñaron los grupos indígenas en las protestas contra los esfuerzos por impedir que Arévalo asumiera el cargo.

“Hay expectativa de que este nuevo gobierno sea diferente”, dijo Sandra Xinico, antropóloga y activista indígena, quien agregó: “Hemos visto una vez más cómo los pueblos originarios no tienen una participación”.

Simon Romero es corresponsal en Ciudad de México, y cubre México, Centroamérica y el Caribe. Se ha desempeñado como jefe del buró del Times en Brasil, jefe del buró andino y corresponsal internacional de energía. Más de Simon Romero