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Hay que salir del área chica

La carta al Ejecutivo de colectivos preocupados por artículo que afecta áreas protegidas

Artículo de la LUC "es una regresión en términos de política pública y una pérdida de soberanía del Estado y el bien público", señalan más de 30 organizaciones.

06.05.2020 08:28

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2020-05-06T08:28:00
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Más de 30 organizaciones sociales y colectivos vinculados a la educación y protección medioambiental remitieron una carta al Poder Ejecutivo y al Parlamento, solicitando que no se realicen las modificaciones propuestas por la Ley de Urgente Consideración (LUC) al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Los artículos 500 y 501 de la LUC modifican la forma en que se crean nuevas áreas protegidas en el Uruguay, estableciendo como condición que los propietarios de las tierras ubicadas dentro de las áreas de interés brinden su consentimiento expreso. De aprobarse estos cambios, la inclusión de nuevas áreas dependerá de la voluntad de particulares, primando el interés individual sobre el interés general.

Si el propietarios se niega, la opción que tiene el Estado es expropiar los predios (históricamente con muy malos resultados) o dejar sin efecto las medidas ambientales.

Más de 15.600 personas firmaron ya una petición dirigida a la Cámara de Senadores y al presidente Luis Lacalle Pou solicitando que se excluyan estos artículos.

En la carta, las organizaciones recuerdan que las Áreas Protegidas (APs) son la principal estrategia a nivel mundial para conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que esta brinda, y agregan que nuestro país ha sido el último de América Latina en generar un Sistema de Áreas Protegidas.

Señalan que la ley de creación del SNAP tardó casi 10 años en ser promulgada y lo hizo con varios vacíos, que recién fueron resueltos a través de la ley de presupuesto de 2005. Entre los cambios realizados, se eliminaba el párrafo "Lo dispuesto en el inciso anterior regirá para los casos de áreas pertenecientes al patrimonio del Estado, así como de los particulares que a tales efectos prestaren su consentimiento". De esta forma, en los casos en los que no se consiguiera el consentimiento del propietario, el predio puede quedar ingresado de todas formas a un AP, lo que solo implica que debe ceñirse a normas de cuidado ambiental.
La propuesta de la LUC vuelve los artículos a su redacción original "sin tener en cuenta a la propia Constitución en los artículos 7º y 47º".

"Esta modificación no debería ser un problema si las políticas ambientales tuvieran un peso preponderante en el Estado, pero es sabido que esto no es así (basta ver el tiempo que transcurrió para aprobarse la ley y la cantidad de modificaciones que debieron hacerse). La herramienta de expropiación es una herramienta válida cuando hay políticas fuertes (...) pero en el caso de las áreas protegidas, la experiencia y la historia nos dicen que no es la situación. En los 20 años que lleva de creado el SNAP, no se ha realizado ni una expropiación para las áreas protegidas, lo que es un problema grande en áreas donde el 100% del territorio es terreno privado", explica la carta.

Además de citar las experiencias truncas de expropiación de Cabo Polonio, Arequita y Cerro de los Cuervos, las organizaciones recuerdan lo ocurrido en Paso Centurión y Quebrada de los Cuervos, que ingresaron luego de una ardua negociación y gracias a la legislación actual. De existir la redacción que se pretende aprobar ahora, jamás habrían entrado al sistema.

Esta modificación a la Ley 17.234 "es una regresión en términos de política pública y una pérdida de soberanía del Estado y el bien público en el territorio nacional y una mayor relevancia a la propiedad privada que al bien común", apuntan las organizaciones, además de recordar que no tiene características de urgencia "que impidan una discusión seria".

Si se considera que la ley necesita ser modificada, "debería hacerse de forma consultiva como lo indica el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, del cual Uruguay es signatario" concluye la misiva.

Para firmar la petición dirigida a la Cámara de Senadores y el presidente de la República, puede ingresarse aquí. La carta completa puede leerse a continuación.

(Comunicado de prensa)

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