La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, supo cuando asumió su cargo que la tarea no iba a ser fácil, con un sistema carcelario sobresaturado, con delincuentes que operan desde los centros penitenciarios y un sistema de infraestructura cada vez más decadente.
Sin embargo, al momento de tomar la determinación, se enfocó en la fuerza y las ganas que tenía de lograr cambios, por más pequeños que fueran. Entre las situaciones detectadas, ha visto un crecimiento constante en la Unidad n° 5 de mujeres, que en el corto plazo será un problema.
Luego de que Juanche fuera entrevistara por Montevideo Portal, dos delincuentes atacaron la sede del INR y le dejaron un mensaje. Pese a esto, si bien la jerarca se mantiene en alerta, dijo que “lejos está” de dejar de trabajar en la misma línea.
¿Desde que arribó al INR, cuál es el diagnóstico que hace?
Como es público, el sistema penitenciario tiene una magnitud superlativa. Estamos llegando a más de 16.800 personas privadas de libertad. Esto implica que, entre el 1º de marzo —cuando se consolidó esta administración— y el día de hoy, hubo un incremento de más de 700 personas, por lo que llegaremos a fin de año con un crecimiento de aproximadamente mil personas.
El saldo neto entre ingresos y egresos siempre es de unas mil personas en
variación interanual, y esto se viene acumulando por lo menos a lo largo del
último quinquenio. Además, como se construyeron menos institutos liberatorios y
menos personas acceden a libertad anticipada y a la redención de pena por
trabajo y estudio, la población se condensa. Eso dificulta muchísimo no solo la
gestión cotidiana, sino también la intervención más especializada orientada a
la rehabilitación.
En los primeros meses tratamos de “panear” el sistema entero
y solucionar algunas dificultades críticas de asignación. Por ejemplo, el
centro de ingreso tiene capacidad para 100 personas y lo encontramos con más de
300. Lo mismo en los ya conocidos módulos 11, 10, 3 y 4 de la Unidad nº 4; la
Unidad nº 7 de Canelones; la Unidad nº 13 de Maldonado, y la Unidad nº 5 de
mujeres en Montevideo. Pero no son los únicos lugares con problemas de
asignación.
Hoy no hay espacio para ninguna persona, ni siquiera “realojando”
artesanalmente. En nivel crítico están las mujeres, lo cual nos preocupa
especialmente porque hay serias dificultades para ubicarlas con niveles mínimos
de dignidad. Estamos pensando en resectorizar y también en realizar algunas
construcciones rápidas para paliar el hacinamiento.
En diciembre vamos a recibir, por parte del Consorcio de Libertad, tres nuevas unidades en modalidad de participación público-privada. Fueron provistas por la administración anterior, pero a este gobierno le toca gestionarlas y comenzar los pagos.
Cuando se habla de desprisionalización, término que aparece en el programa de gobierno, ¿de qué lado se encuentra?
Sí, en realidad la desprisionalización alude a los mecanismos que restringen el ingreso a la cárcel. Es decir, no tanto como se tergiversa…
Que no es liberar presos.
Exactamente: es evitar que ingresen. Y esto con evaluaciones presenciales
basadas en evidencia, que permitan detectar a las personas con bajo riesgo de
reincidencia y que, contrariamente a lo que se piensa, encarceladas refuerzan
esos riesgos: la cárcel tiene un efecto iatrogénico.
Nosotros estimamos que al menos 2 de cada 10 personas
privadas de libertad podrían cumplir penas en la comunidad con medidas
alternativas, que no solo son más efectivas para reducir la reincidencia y
promover la reinserción, sino también más costoeficientes. Cada persona
privada de libertad le cuesta al Estado unos mil dólares por mes, y, en un
contexto de espacio fiscal limitado, esto sería un ahorro importante.
Pero vuelvo a los resultados: toda la evidencia
internacional muestra mejores resultados con medidas alternativas. El Estado
necesita revisar la política criminal y los cambios legales que han llevado a
usar la prisión como mecanismo casi exclusivo.
Las medidas alternativas se usan y se han ampliado, pero no en detrimento del uso de la prisión. En las mejores experiencias internacionales, las alternativas triplican o cuadruplican la prisión. Eso permitiría descongestionar y tener intervenciones más apropiadas.
A nivel edilicio, sobre todo en el ex-Comcar, ¿tienen algún plan?
Sí. El problema principal es la sobresaturación: casi 5.400 personas en un espacio cuya capacidad real no supera las 3.800. A eso se suman construcciones de emergencia que no siempre son adecuadas para los perfiles de la población.
Con apoyo de US$ 3 millones del Ministerio de Economía y Finanzas, estamos ejecutando un plan con tres componentes:
– Tecnología: recableado de 2,9 km de fibra perimetral y colocación de cámaras
en módulos problemáticos.
– Infraestructura: descentralización de cocinas, refacción de salones de
visita, construcción de comunidades educativas dentro de los módulos y mejoras
en aulas programáticas.
– Sector de ingreso: reformas y nueva tecnología (escáneres corporales y de
bultos), además de baños y techado para las visitas, financiado en parte por un
préstamo del BID.