La Corte Suprema de Brasil ordenó este jueves que sean inmediata y definitivamente canceladas una serie de acciones de espionaje que el Ministerio de Justicia realizó en torno a las actividades de los grupos calificados como antifascistas.
Asimismo, por nueve votos contra uno, los miembros del Supremo presentes en la sesión establecieron que esa sentencia se amplía a todo ciudadano que actúe en política de forma "clara, transparente, legítima y propia de un régimen democrático".
La corte se pronunció a pedido del partido Rede, que se hizo eco de una denuncia formulada por el portal UOL, que en un reportaje desveló que el Ministerio de Justicia mantenía una "acción secreta" de espionaje sobre unos 600 funcionarios del Estado "identificados como miembros de movimientos antifascistas".
Esos grupos surgieron en Brasil a mediados de este año, en clara oposición al Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, y fueron de alguna manera una respuesta a los sectores más radicales del oficialismo.
Esas alas más extremas de la derecha tomaron las calles durante semanas con manifestaciones en las que exigían una "intervención militar" para "cerrar" el Parlamento y la Corte Suprema, a los que acusaban de "no dejar gobernar" a Bolsonaro.
El ministro de Justicia, André Mendonça, explicó que sólo supo del caso por la prensa y que al día siguiente destituyó al director de la Secretaría de Operaciones Integradas de ese despacho, Gilson Liborio, identificado como supuesto responsable del espionaje.
Esa actitud fue elogiada durante la sesión por el presidente del Supremo, José Antonio Dias Toffoli, quien subrayó que el ministro "se comportó de una manera muy correcta" y colaboró con el tribunal en todo el proceso.
Aún así, la corte resaltó en su sentencia, de manera preventiva, que ningún organismo del Estado puede involucrarse en ese tipo de actividades, que según el fallo, contrarían los principios de la propia democracia.
"La República no admite catacumbas, la democracia no se compadece con los secretos", declaró la magistrada Carmen Lucia Antunes, quien actuó como instructora del caso.
La jueza también subrayó el papel activo de la prensa, a la que atribuyó el hecho de que se hayan desvelado esas actividades.
"Bendice Dios a la prensa libre de mi país, y al hecho de que aún tenemos un Poder Judicial que toma conocimiento de eso y le da la importancia debida para la garantía de la democracia y establece cuál es la respuesta constitucional que debe ser dada", apuntó.
El magistrado Luis Roberto Barroso fue aún más incisivo, dijo que esos métodos parecían evocar los tiempos de la dictadura militar y agregó que "la posibilidad de la vuelta de esa práctica en un Estado de Derecho es totalmente incompatible con el Brasil de hoy".
El único voto en contra de la mayoritaria decisión lo expidió el magistrado Marco Aurelio Mello, quien identificó en la denuncia unos "errores de forma" que, según su criterio, no permitían que fuera aceptada por la corte.
EFE
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