El decreto de la Intendencia de Montevideo que permite entregar sin costo la licencia de conducir a integrantes del programa "Jóvenes en Red", del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) -con la contrapartida de participar de talleres de capacitación vial- generó un encontronazo con la Asociación Nacional de Instructores y Propietarios de Escuelas de Conducción (Andipec).

Álvaro Beloqui, presidente de Andipec, dijo al diario El País que los inspectores municipales están enseñando a manejar a beneficiarios del Mides, lo que es violatorio de varias normas.

Por ejemplo, aseguró que los funcionarios municipales no pueden tener academias ni ser socios de ellas. "Están dando clases fuera de su horario, cobrando horas extras, y con vehículos municipales. Es una competencia desleal. Se podría haber llamado a licitación", declaró al matutino.

Dijo además que los municipales son "juez y parte", porque además de ejercer la tarea docente son quienes luego toman la prueba de manejo.

Según prevé el programa, se exonera del costo de la libreta a quienes reúnan las condiciones para acceder al beneficio tras constatar que no representen un peligro para el tránsito, según reporta la nota de Andrés López Reilly. Se trata de jóvenes en situación de vulnerabilidad social, que están desvinculados del mercado formal de trabajo y del sistema educativo (sin haber culminado Ciclo Básico).

La iniciativa, según supo Montevideo Portal, fue propuesta por el edil del Frente Amplio Pablo Aldaya. Sin embargo, desde la IM aseguran que la información que maneja Beloqui no es veraz.

Desde la División Tránsito de la IM afirmaron a Montevideo Portal que es cierto que se apoya a los beneficiarios, pero que no se prestan vehículos municipales para que practiquen en ellos y que los funcionarios que colaboran tampoco cobran por ello, porque el trabajo no se hace en horario extraordinario. Además, no están enseando a conducir, señalaron. "No trabajamos como una academia. Lo que hacemos es dar apoyo a los que no pueden pagar", señalaron las fuentes. Los beneficiarios, según señalaron, practican en sus motos o motocarros con la colaboración de trabajadores.

El decreto es el 37.130, firmado el 5 de diciembre de este año, e indica que se exonera del pago de licencia de conducir a los jóvenes que son parte del programa "Jóvenes en Red" y participen de talleres de capacitación vial. Tienen que cumplir además con los requisitos para la tramitación de la licencia de conducir establecidos por la División Tránsito.

La exoneración se aplicará en la primera solicitud de licencia de conducir en todas las categorías y por única vez (lo que incluye el examen médico).

Si los 452 participantes del programa acceden a este beneficio, la resignación presupuestal total de la IM sería de 776.988 pesos.

No tan rápido

Federico Barreto, director nacional de Juventud (INJU), dijo a Montevideo Portal que lo expresado por Beloqui es falso. "En primer lugar, tramitamos un proceso de acuerdo desde el INJU y Mides con la IM para lograr la exoneración del costo de la libreta, porque entendemos que es un factor determinante para estos jóvenes, ya que muchas veces trabajan como delivery o en el rubro del transporte, pero en ocasiones lo hacen desde la informalidad o directamente sin permisos", puntualizó.

Agregó que los accidentes están entre los principales factores de muerte entre los jóvenes y que por ello al INJU le parecía esencial tener un rol importante en el desarrollo de las capacidades en seguridad vial, aspecto en el que se centra el programa.

Barreto dijo que cuando Beloqui señala que se pudo hacer una licitación, desconoce que "por supuesto que hubo un llamado para que una empresa se encargue de impartir los cursos para estos jóvenes, lo que hizo en tiempo y forma, y mediante el procedimiento de compras públicas". Explicó que los inspectores municipales prestan tareas en materia de seguridad vial pero que no son quienes enseñan a conducir a los beneficiarios.

El director también agregó que si bien el decreto exonera del costo de la libreta a los beneficiarios, hasta ahora no se puso en práctica, por lo que el pago de los trámites ha corrido por cuenta de los propios fondos del programa.