LANZAN CAMPAÑA POR ANULACIÓN DE CADUCIDAD

Montevideo Portal

A las siete de la tarde, varias organizaciones de derechos humanos, que impulsan la anulación de la Ley de Caducidad lanzarán la campaña de recolección de firmas en el teatro El Galpón, en busca de la reforma constitucional, necesaria para dejar sin efecto la ley.

En conversación con Montevideo Portal, uno de los principales impulsores de la anulación de la Ley, el abogado Oscar López Goldaracena, expresó que el ideal es que sea el Poder Legislativo quien anule la ley de Caducidad, dado que fue ese organismo quien redactó la ley, que califican de nula.

"El deber es del Parlamento, porque al constatarse un vicio, el mismo órgano que dictó la ley es el que tiene la obligación de remover el vicio".

Al ser consultado sobre el valor de que sea declarada nula en voto popular, dado que fue respaldada por esa vía, Goldaracena señaló: "Desde el punto de vista del Derecho es el Parlamento. Pero como el tema no ingresó al cuerpo electoral va a ser el cuerpo electoral el que va a terminar removiendo la ley, pero esto no es un segundo referéndum. El referéndum es un recurso por la revocación de una ley, esto es la declaración de una nulidad", agregó.

La campaña deberá recoger 250 mil firmas que deberán ser presentadas seis meses antes de las elecciones nacionales, en las que, de llegar a esa cantidad de firmas, se votará a favor o en contra de declarar nula la Ley de Caducidad.

Consultado sobre el tímido apoyo a nivel político, Goldaracena señaló que se recibieron apoyos explícitos y agregó: "Yo estoy absolutamente seguro de que los demás, los silencios, fueron silencios reflexivos y que ahora van a terminar apoyando, no sólo la campaña de recolección de firmas sino la declaración de nulidad, porque las bases de todos los partidos políticos están de acuerdo en que se debe construir un modelo de sociedad sobre valores, sobre principios".

"Yo le pido a conciencia a todos los que firmen que con esa firma, lo que se está desterrando es la cultura de la impunidad, para que nunca más ocurran desvíos desde el poder del Estado. Tenemos que construir una sociedad de verdad y no de mentira, una sociedad que tenga principios, podemos generar una identidad nacional sobre la base de los derechos humanos y sobre la base de los principios y no sobre la cultura de la impunidad, que está pasando a ser, lamentablemente, un elemento de identidad nacional", agregó el abogado.

En noviembre de 2006 se creó la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, con el apoyo de los legisladores oficialistas, Rafael Michelini, Victor Valliant, Eduardo Lorier y Margarita Percovich y el ex diputado Guillermo Chifflet

Desde el Poder Ejecutivo sostienen que el Frente Amplio llegó al Gobierno asegurando que se iba a respetar la Ley que fue apoyada en referéndum, por lo que no se romperá ese compromiso.

Esta posición, reforzada por entender completamente vigente la expresión popular de 1989, es acompañada a nivel legislativo por buena parte de la bancada oficialista y toda la oposición.

Sobre este punto quienes defienden la ley, sostienen que más allá de que no deba existir ninguna ley nacional que pase por encima de las normas sobre delitos de lesa humanidad a nivel internacional, el referéndum no tuvo las garantías necesarias en cuanto a equidad en el espacio de difusión para quienes defendía y criticaban la ley, poniendo como ejemplo la censura de un spot tevisivo en el que Sara Méndez daba su testimonio como presa política.

Por otra parte, sostienen que, en términos jurídicos, lo que el pueblo votó en aquel referéndum fue la no revocación de una ley nula, dado que la ley fue aprobada en 1986 y tras una campaña por su revocación se llegó al referéndum, en el que la ley fue confirmada.

En 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, se expresó en contra de la validez de la Ley señalando sus contradicciones con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada por Uruguay.

Otro de los puntos más criticados es la negación de la separación de poderes, que implica los artículos que disponen que es potestad del Poder Ejecutivo determinar cuáles casos están comprendidos en la Ley de Caducidad y cuáles no y a partir de allí se habilita la intervención del Poder Judicial.

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