Justicia extendió la prisión preventiva para Larrarte y emitió alerta plateada de Interpol

La Justicia extendió la prisión preventiva para Jairo Larrarte, responsable de la empresa de negocios ganaderos Grupo Larrarte, que fue la primera en recibir denuncias y la que precedió a la caída de República Ganadera y Conexión Ganadera, confirmaron fuentes del caso a Montevideo Portal.

La Justicia emitió una alerta plateada a través de Interpol para investigar lavado de activos. “Eso permite que todos los países en red con Interpol informen al Uruguay sobre la existencia de bienes, cuentas, activos virtuales, sociedades y  acciones que tengan vinculación con Larrarte y las personas físicas y jurídicas vinculadas a él. Los tiempos de respuesta son sensiblemente menores a los de un exhorto judicial, a la vez de que tiene un alcance territorial amplio. La idea es detectar a través de esa alerta plateada bienes en el exterior y traerlos al proceso penal y posteriormente al concurso”, explicó el defensor en diálogo con Montevideo Portal.

Se trata de la primera vez en la historia que la Justicia uruguaya utiliza esta herramienta, según indicó la Fiscalía de Delitos Económicos y complejos de primer turno durante la audiencia judicial.

Larrarte deberá cumplir prisión preventiva hasta el 8 de setiembre. El empresario fue imputado a principios de abril de este 2025 como presunto autor de un delito continuado de estafa, un delito de apropiación indebida y un delito de libramiento de cheques sin fondo en régimen de reiteración real.

En aquel entonces, la Justicia hizo lugar al pedido del fiscal de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Alejandro Machado, para la formalización de la investigación con respecto a Larrarte con la medida cautelar de prisión preventiva por 120 días.

Machado había sustentado su pedido fundamentalmente en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación del imputado. En cambio, la defensa del empresario pidió la prisión domiciliaria total con tobillera. La jueza del caso hizo lugar a la medida solicitada por Fiscalía.

En una de las audiencias del caso, celebrada en febrero, Larrarte declaró que, por decisión suya, se volcó parte del capital de los inversores “a la producción ganadera y no a animales puntuales”.

En diálogo con el diario El País en el mes de marzo, el abogado Juan Pablo Decia, que defiende a unos 40 damnificados por la crisis de Larrarte, recalcó que, con esa declaración, el líder de la empresa había confesado la comisión de un delito.

Decia afirmó que los responsables de este fondo ganadero “falsificaron firmas, tomaron inversiones con el concurso decretado, les prometían a los inversores que querían salir un aumento de sus rentas por encima del 11% para que se quedaran y reinvirtieran”, y que la mayoría de esos fondos “se esfumó”.

A principios de setiembre de 2024, la empresa comenzó a recibir los primeros reclamos de sus inversores. Las primeras denuncias se debieron a la falsificación de una firma para que el ganado de una persona pasara a estar en manos de la empresa, vacas que no estaban registradas en el Dicose y retrasos en los pagos.

En octubre del año pasado, la empresa había publicado un comunicado afirmando que se encontraba enfrentando un “proceso de reorganización productiva y financiera con el objetivo de cumplir con las obligaciones asumidas con los inversores que han confiado en la empresa”.

En total, en lo que va del caso se presentaron 103 denuncias con más de 130 víctimas que sufrieron una afectación patrimonial significativa.