Desde el 2023, los vecinos de Costa Azul y la Intendencia de Rocha tienen rispideces judiciales por la obra de enrocado de un kilómetro de extensión —de entre dos y tres metros de ancho— que realizó la comuna departamental sobre la franja costera del balneario, ubicado cerca de La Paloma. El desacuerdo concluyó en una demanda civil y en un fallo a favor de los casi 50 denunciantes. Sin embargo, en las últimas horas la causa tuvo un giro de 180°.
Según informó Jony Casella y confirmó Montevideo Portal, el Juzgado Letrado de 1° Instancia en lo Civil de 14º turno avaló el accionar de la Intendencia de Rocha, que lidera de Alejo Umpiérrez, y desestimó la acción del grupo de unos 50 vecinos, que buscaba retirar la obra, la recomposición ambiental de la playa y un plan de ordenamiento territorial.
La demanda de los vecinos también intimaba al Ministerio de Ambiente —que autorizó la obra en noviembre del 2021—, otra acción que también fue desestimada por el juez letrado Darwin Rampoldi Robaina, de acuerdo con una sentencia judicial a la que accedió Montevideo Portal.
A fines del 2024, la comuna rochense había sido intimada a “a presentar la documentación que informe sobre las eventuales invasiones o ensanches o cercamientos de espacios públicos, así como la existencia de cercas eléctricas y estacionamiento de vehículos sobre las dunas correspondientes a los lugares de realización del enrocamiento”, después de haber recibido una medida cautelar.
En ese fallo de la Justicia, la Intendencia de Rocha había sido intimada a retirar la construcción de la zona.
La iniciativa judicial de los vecinos pretendía que se aplique una medida cautelar de forma urgente para que algunos de los privados con propiedades en la primera línea de la costa “frenen su avance sobre el espacio público”, hecho que ocurrió a lo largo de los primeros días de 2024, según constató Montevideo Portal al recorrer la zona.
Al presentar el recurso judicial el 19 de diciembre de 2023, los demandantes que se sintieron afectados con la obra reclamaron que la Justicia notifique a la comuna departamental la obligación “urgente” de intimar a los propietarios de las casas en la primera línea de la franja costera para que se retiren del espacio público.
El enrocado, que fue realizado entre 2022 y 2023, en dos tramos distintos, tuvo un costo de US$ 1 millón. La obra sobre la franja costera del balneario tiene un kilómetro de extensión y entre dos y tres metros de ancho.
No obstante, los vecinos demandantes señalaron en la demanda “no es una intervención para recuperar la playa ni el ecosistema costero, sino una protección para recuperar el espacio o el predio privado que han perdido los vecinos de Costa Azul en esa franja, que es la primera línea sobre los médanos del balneario”.
“Por tanto, como relatan vecinos, técnicos públicos, el municipio, fotografías, y acta de constatación, la obra de intervención de enrocado para protección de infraestructura costera de privados ha provocado dificultades en el libre y seguro tránsito en la playa debido al esparcimiento de rocas en toda la costa, donde debería ser un espacio de libre acceso público en el que se debe garantizar la seguridad de las personas”, añadía el escrito al que accedió Montevideo Portal en aquel entonces.
En esta línea, se reclamaba “tomar medidas urgentes respecto a las invasiones y obstrucciones que cada día aumentan en el espacio público playa”.
Finalmente, la Justicia falló a favor de este reclamo, aunque la Intendencia de Rocha tendrá la posibilidad de apelar la decisión judicial. La demanda fue presentada en el Juzgado Letrado de 1ª instancia en lo Civil de 14.º Turno.
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