Justicia de Perú ordenó 48 horas más de prisión para Pedro Castillo

El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ordenó que el expresidente Pedro Castillo se mantenga durante 48 horas más en detención preliminar, a la espera de que se realice una audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva de 18 meses por el delito de rebelión y conspiración que presentó la Fiscalía contra el exmandatario, que se postergó para la mañana del jueves a pedido de las partes implicadas en el caso.

“Considero razonable y necesario concederles un plazo para que puedan tener todos los elementos” del pedido fiscal, señaló Checkley al inicio de la audiencia de este miércoles, a la que no se presentaron Castillo ni sus abogados defensores.

Tras indicar que el pedido fiscal llegó a su despacho “a la medianoche”, señaló que iba a reprogramar la audiencia para las 08:30 hora local (10:30 hora de Uruguay) del jueves.

Ante la insistencia del representante de la Fiscalía para que se pronuncie sobre la situación de Castillo, ya que este miércoles se cumplen los 7 días de arresto preliminar que se dictó en su contra, Checkley prorrogó esta detención durante 48 horas más.

Detalló que “de conformidad” con lo establecido en el Código Procesal Penal para estos casos, si el fiscal requiere prisión preventiva “la detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de 48 horas”.

“Ese es el plazo en el cual deberá mantenerse en detención el señor Castillo hasta que se realice la audiencia”, remarcó.

“Se va a tratar de verificar, si es posible a través de la propia área de la Policía, una constancia sobre la negativa del señor Castillo a participar en la audiencia, que es su derecho, pero debe contar con abogado”, remarcó.

Foto: Paolo Aguilar / EFE

Elecciones anticipadas, en un año

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este miércoles que planteó que las elecciones generales se celebren en diciembre de 2023, cuatro meses antes de la propuesta inicial que hizo en medio de la grave crisis política y social que afecta a su país.

Boluarte remarcó que “legalmente los tiempos calzarían” para su propuesta inicial de que los comicios sean en abril de 2024, pero que en una reunión que sostuvo durante la noche del martes con el Consejo de Estado se hicieron “reajustes” que indican que los comicios podrían ser en diciembre próximo.

“Haciendo reajustes, esto se puede adelantar a diciembre de 2023, antes de esa fecha técnicamente, legalmente, no calzaría; en consecuencia, los peruanos de bien, las hermanas y hermanos, tenemos que mantenernos y caminar dentro del margen legal, dentro de la Constitución”, enfatizó la presidenta.

Agregó que, como jefa de Estado, tiene que “ser responsable y decir que estos tiempos no dependen” de ella, “sino del Congreso y del ente electoral, que va a llevar a cabo el adelanto de elecciones”.

Ante las protestas y manifestaciones violentas que se han desataron en el país desde el pasado fin de semana, que hasta el momento han dejado siete muertos y más de un centenar de policías heridos, Boluarte enfatizó que “los ciudadanos de bien” no pueden “comportarse ni poner en riesgo la vida y la salud de nuestros compatriotas”.

“Llamo al Perú en general a mantener la calma, este gobierno de Dina Boluarte desde el comienzo ha dicho que va a ser dialogante”, remarcó antes de aclarar que no se puede “dialogar si de por medio hay violencia”.

La gobernante reiteró que los ministros “se van a desplazar a los lugares de tensión” en el país, con la intención de “conversar de manera fraterna, tranquila”, con las organizaciones y manifestantes que participan en las protestas.

“Mantengamos la calma, el Perú no puede desbordarse en sangre, ya esa experiencia la hemos vivido en los [años] ochentas, en los noventas, no queremos volver a esa historia dolorosa que nos ha marcado la vida y el rostro de miles y miles de peruanos”, invocó.

El planteamiento de Boluarte

Boluarte había anunciado este martes que iba a reunirse con la Comisión de Constitución del Congreso para buscar “acortar los plazos” para la celebración de elecciones generales en su país.

La jefa de Estado, que asumió el cargo el pasado miércoles en reemplazo de Pedro Castillo, sostuvo que el suyo es “un Gobierno de transición”, que preside con el objetivo de “llamar a la calma” en su país, ante la grave agitación social y política.

Ante los pedidos que hace un sector de la ciudadanía para que se cierre el Congreso, Boluarte recordó que Castillo fue destituido y enviado a prisión precisamente por intentar aplicar una medida de ese tipo.

Señaló que, por todos esos motivos, “no entiende” por qué un sector de los peruanos, a los que llamó “hermanos”, se “están levantando en contra de este Gobierno” que preside.

El Gobierno de Perú formalizó este lunes ante el Congreso un proyecto de ley que plantea el adelanto de las elecciones generales para abril de 2024, que fue entregado con las firmas de Boluarte y su primer ministro, Pedro Angulo.

En el proyecto se detalla que ese plazo “deberá servir también para aprobar, de ser el caso, las reformas constitucionales referidas al régimen político peruano” y remarca que “urge realizar cambios democráticos y constitucionales en el Congreso, obedeciendo fundamentalmente el sentimiento de la ciudadanía”.

Al anunciar esta propuesta, durante la madrugada de este lunes, Boluarte dijo que tomó la decisión de no terminar su mandato en julio de 2026 al interpretar “de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y, en consecuencia, con la responsabilidad que implica el ejercicio” del Gobierno.

La presidenta asumió su cargo en reemplazo de Castillo, quien fue destituido por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocar a una asamblea constituyente y a reorganizar el sistema de justicia.

Foto: Ernesto Guzmán Jr. / EFE

La posición de Castillo

Antes del inicio de la audiencia de este miércoles, el abogado Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, afirmó que la Justicia de su país está “violando todos los procesos”, al haber programado en pocas horas la vista del pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva para el exgobernante peruano.

El abogado, que estaba acompañado por Raúl Noblecilla, otro de los defensores de Castillo, aseguró que iba a conversar con el exmandatario para decidir los pasos a seguir, pero luego dijo que las autoridades no le permitieron el ingreso al penal con el argumento de que no había una autorización.

“Al no tener las garantías necesarias para ejercer un derecho de defensa eficaz, definitivamente no tengo nada que hacer en esta audiencia”, remarcó antes de anunciar que se retiraba del lugar junto a Noblecilla.

Castillo también reclamó, mediante una carta publicada en Twitter, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por él, pues considera que las autoridades de su país han vuelto a “coactar” [sic] su libertad.

En el breve mensaje manuscrito, también hizo “responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país” y envió “millones de gracias” a los peruanos “por su cariño y apoyo”.

El juez Checkley aprobó durante la noche de este martes la formalización de la investigación preparatoria contra Castillo y su ex primer ministro y asesor jurídico Aníbal Torres por la presunta comisión del delito de rebelión y otros, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.

Tras esta decisión, el fiscal supremo Uriel Teran, encargado de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, presentó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Castillo y Torres.

A diferencia de Castillo, Torres está libre y pasó a la clandestinidad al conocer la acusación en su contra presentada por la fiscal general peruana, Patricia Benavides.

La investigación de este caso ha sido calificada de “compleja” por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.

EFE