Justicia argentina sumarió a fiscal del caso Laurta por presuntas negligencias: ¿qué pasó?

La Justicia de Córdoba abrió un sumario administrativo contra la fiscal Jorgelina Esther Gutiez y tres ayudantes fiscales por presunto “ejercicio negligente” en el abordaje de las primeras denuncias que involucraron a Pablo Laurta, el uruguayo señalado como autor del doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio.

Según publicó el medio argentino La Voz, la indagatoria encontró “elementos suficientes” para iniciar el procedimiento contra los cuatro funcionarios judiciales (Gutiez, Carlos Ayrolo, Denisa Díaz y María Cecilia Guzmán) que intervinieron en distintas etapas de las actuaciones, iniciadas en 2023.

A todos se les atribuye haber desplegado conductas que, en el ámbito administrativo y disciplinario, serían configurativas de un accionar negligente, carente de responsabilidad laboral y con repercusiones para “el prestigio y reputación de la administración de Justicia”.

Varios operadores judiciales sostienen que las actuaciones cuestionadas ocurrieron más de un año y diez meses antes del ataque que terminó con las dos víctimas, y que no puede exigirse previsión sobre un desenlace de tal magnitud.

Entre esas críticas, se remarca que la detención de Laurta en el verano de 2024 respondió a una violación de restricción, y que nadie podía anticipar la escalada extrema de violencia que sobrevendría meses más tarde. “No hubo señales de alarma cuando se intervino”, dijo una de las voces disidentes al medio.

Sin embargo, el sumario detalla varias conductas que se les reprochan a los funcionarios. En el caso de Ayrolo y de Díaz, se cuestiona que “no habrían impartido ni exigido el cumplimiento de directivas en tiempo oportuno y con la premura del caso” y que tampoco habrían solicitado a la fiscalía de Gutiez las medidas pertinentes para avanzar en la investigación.

A Gutiez, en su carácter de directora de la investigación penal, se le reprocha que no dispuso medidas de instrucción ni ordenó la remisión de las actuaciones a la fiscalía de Violencia de Género y Familiar, y que tampoco reparó en los indicadores de gravedad que surgían de la denuncia.

A esa lista se suma otro episodio atribuido a su desempeño: los hechos posteriores a un siniestro vial que Laurta protagonizó el 9 de enero de 2024 en el barrio cordobés Argüello, que terminó con su detención y con un mes de privación de libertad.

El 8 de febrero, Gutiez ordenó la libertad del imputado y le fijó condiciones para mantenerla, en una causa en la que se lo investigaba por “desobediencia a la autoridad” y “violación de domicilio” tras haberse presentado en la casa de la madre de su hijo, pese a la restricción vigente.

Según el sumario, la fiscal “no habría impartido directivas, ni habría tomado injerencia alguna en orden a continuar con la investigación de los hechos anoticiados por el juzgado”, ni evaluar la detención del imputado si correspondía.

El sumario también hace referencia a lo ocurrido en febrero de 2025, cuando Gutiez fue notificada de una nueva denuncia de Luna Giardina contra Laurta. Allí se afirma que, como directora de la investigación penal, “no habría impartido directivas ni tomado injerencia alguna” para continuar con la pesquisa conforme a lo denunciado por la joven, lo que derivó en otro período de “inactividad en la investigación” desde el 27 de febrero.

La resolución concluye que, con un “obrar negligente y carente de responsabilidad”, la fiscal habría inobservado sus deberes funcionales y no se habría ajustado a lo que dispone la normativa aplicable para casos de violencia de género.