La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el procesamiento del expresidente argentino Alberto Fernández por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de una causa que investiga irregularidades en contrataciones de seguros estatales durante su mandato (2019-2023).
La resolución ratifica la decisión tomada en junio por el juez federal Sebastián Casanello, quien imputó al exmandatario por haber intervenido, presuntamente, en beneficio de Héctor Martínez Sosa, corredor de seguros y esposo de María Cantero, secretaria privada del expresidente durante décadas.
Dirección “delictiva” de contrataciones
El tribunal estimó que hubo un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Fernández para adjudicar contratos a Martínez Sosa a través de la estructura estatal, particularmente mediante Nación Seguros, una empresa pública. Según el fallo, la firma de Martínez Sosa concentró cerca del 60% de las comisiones abonadas entre 2020 y 2023 por pólizas contratadas por entidades oficiales.
Una prueba clave en el expediente fue un mensaje de texto enviado por Fernández con la frase: “Ya me ocupo”, en respuesta a un reclamo de Cantero por la pérdida de un contrato en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este mensaje fue interpretado como evidencia de intervención directa en favor del bróker y su esposa.
El procesamiento incluye además un embargo sobre los bienes del expresidente por más de 14.600 millones de pesos argentinos (unos 9 millones de euros) y la prohibición de salida del país sin autorización judicial.
De ser hallado culpable, Fernández podría enfrentar una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Procesados también otros implicados
Junto a Fernández, también fueron confirmados los procesamientos de Héctor Martínez Sosa, María Cantero (por incumplimiento de deberes de funcionaria pública), y el entonces presidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano.
El juez Casanello consideró que Fernández actuó en beneficio de un antiguo cliente privado, ya que el corredor de seguros había sido uno de los principales contratistas del expresidente entre 2010 y 2019, cuando este se desempeñaba como abogado y lobista.
Con información de agencias.