Jueza rechazó pedido de detención y suspendió proceso de extradición de exasesor de Macri

La jueza especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, rechazó el pedido de detención y resolvió suspender el proceso de extradición a Argentina contra Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, abogado y exasesor del expresidente de Argentina Mauricio Macri, "hasta resolución firme sobre la cuestión previa invocada de su calidad de refugiado".

La magistrada dispuso que Rodríguez Simón debe "constituir domicilio en el país; entregar los pasaportes que pueda tener en su poder; y disponer el cierre de fronteras, oficiándose en carácter de urgente", como revela la resolución a la que accedió Montevideo Portal.

Este jueves se realizó la audiencia de extradición de "Pepín", sobre quien recae un pedido de extradición de la Justicia de su país. En la audiencia participaron el imputado, que además es parlamentario del Mercosur por Cambiemos; sus abogados, Eduardo Sanguinetti y Rodrigo Rey; la jueza de Crimen Organizado de 1º Turno, Dra. Adriana Chamsarián; y por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2°Turno, Ricardo Lackner y Daniela Ramos.

"Pepín", de 62 años, no concurrió a declarar como indagado ante la jueza federal María Servini, quien lo declaró "en rebeldía" y ordenó su captura internacional, en el marco de una causa que investiga el presunto "hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo", vinculadas al kirchnerismo.

Gonzalo Fernández

En su defensa, Rodríguez Simón presentó tres informes de juristas uruguayos que justifican el pedido de refugio del exasesor de Macri en Uruguay y, con ello, su resistencia a la extradición. Las tres consultas jurídicas presentadas en el juzgado y ante la Comisión de Refugiados (CORE) son de Didier Opertti, abogado, excanciller y exministro del Interior; Martín Risso, catedrático de Derecho Constitucional y exdecano de Facultad de Derecho de la Universidad Católica; y Gonzalo Fernández, excanciller, exministro de Defensa y exsecretario de Presidencia.

"Pepín" sostiene que no existió "hostigamiento ni ahogo financiero" sobre el Grupo Indalo, sino que trabajó para que la empresa propiedad de Cristóbal López pague sus impuestos. En el escrito de Fernández, al que tuvo acceso Montevideo Portal parcialmente, uno de los hombres más destacados del primer gobierno de Tabaré Vázquez, advierte "la paradoja y ridiculez que significa criminalizar una conminación a pagar tributos estatales adeudados, donde la prestación que hace la supuesta víctima del delito no va a manos del pretendido agente del reato ... ¡sino al Fisco!, que se convertiría así en partícipe necesario del injusto punible".

Opertti y Risso

Por su parte, Opertti considera que "se trata de la situación jurídica del Dr. Fabián Rodríguez Simón, ciudadano argentino que se encuentra en Uruguay y que enfrenta en estos momentos la inminencia de procesos judiciales arbitrarios, los que sometidos a una contumaz presión mediática y oficial afectan gravemente las garantías del debido proceso y ponen en peligro su propia libertad y seguridad y la de su familia".

"Nuestro país, consecuente con su acreditada tradición y por imperio expreso de su ordenamiento jurídico, está obligado a asegurar la protección a las personas que atraviesan esas circunstancias", agrega quien fue ministro del Interior entre 1995 y 1998, y canciller entre 1998 y 2005.
Finalmente, Risso asegura que "la causa llevada adelante" contra Rodríguez Simón "tiene serios visos de influencia del poder político, que le ha impreso, tanto a nivel mediático como en declaración de funcionarios públicos y exfuncionarios relevantes, un contenido anticipado de la sentencia".

"Es suficiente con que se acredite el temor o la ausencia de garantías objetivas y ambas cosas se dan en este caso", concluye el catedrático, que se desempeña como investigador nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y fue director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Uruguay.

Refugio

La CORE es el órgano encargado de decidir sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y está presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (representado por la vicecanciller Carolina Ache) e integrada por un representante de la Dirección Nacional de Migración (Eduardo Mata), uno de la Universidad de la República (Olga Díaz, de Facultad de Derecho), otro del Poder Legislativo (en este caso el presidente de la comisión de Derechos Humanos de Diputados, Oscar Amigo), uno del Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU) en representación de ACNUR (la agencia de ONU para los refugiados) y un representante de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG).

Este órgano tiene 90 días para expedirse desde presentada la solicitud de refugio, que en este caso se concretó en mayo.